Rafael Hernández tiene 61 años y depende de sus medicamentos para la hipertensión, el corazón y la diabetes, para seguir viviendo.
Sus medicinas se han convertido en el mejor aliado en esta lucha que inició hace 10 años.
De igual forma, la atención médica es indispensable para llevar un control de su caso.
Sin embargo, Rafael se encuentra en medio del diálogo entre el gobierno y gremios opuestos a la Ley 17 que reformó la Caja de Seguro Social (CSS), y los constantes cierres de calles y protestas que se han dado en las últimas semanas.
Así como este panameño hay muchos más que se encuentran en el ojo de la tormenta y sufren las consecuencias de esta crisis, y no sólo por la falta de medicamentos sino por la suspensión de las citas.
Prueba de ello, es que Rafael esperó tres meses para ser atendido el 7 de junio y así verificar su estado de salud, y ahora tendrá que esperar tres meses más porque su cita fue pospuesta para el mes de septiembre gracias a la huelga que mantienen los médicos.
Entonces es necesario preguntarse ¿Se puede jugar con la salud de la población?.
Y más aún con la de aquellos que no pueden pagar por los servicios médicos en un hospital privado, depositando sus esperanzas en la CSS.
Mientras otros discuten los pro y los contra de una ley, hay miles de personas que esperan una solución a sus problemas de salud.
Esto sin contar que la atención médica en la institución de seguridad social no es del todo buena, pues hay que esperar horas para lograr una atención a medias.
Y digo a medias porque de qué sirve el diagnóstico si no cuentan con los medicamentos para la cura.
De nada valen las protestas, huelgas y manifestaciones cuando hay quienes están a la espera de que la tormenta termine para recibir la atención médica que tanto necesitan.
Sin contar las consecuencias negativas que deja en el país la segunda semana de huelga de los educadores, médicos, obreros de la construcción y empleados de la CSS contra la Ley 17.
Diversos sectores se ven afectados con esta situación que causa pérdidas irreparables y empaña la imagen del país a nivel internacional.
La huelga afecta, principalmente, los servicios médicos en hospitales públicos, el sistema educativo estatal y la industria de la construcción.
Y lo peor del caso es que estas acciones no son garantía de que el gobierno va a suspender una ley que consideran necesaria para salvar la institución que está al borde del colapso.
