La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP), el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), el Ministerio de Comercio (MICI), el Ministerio Público analizaron ayer, los efectos de un proyecto de ley que pretende castigar la violación de los Derechos Intelectuales y de Propiedad Industrial con sanciones más eficaces.
El desarrollo de los derechos autorales y la propiedad industrial ha dado lugar a que personas inescrupulosas realicen todo tipo de fraudes en perjuicio de los que tienen derecho a la explotación de marcas y patentes lícitamente protegidas.
Para controlar estos fraudes el H.L. Tomás Altamirano Mantovani presentó al pleno legislativo la modificación de los artículos 382, 384 y 385 del Código Penal a fin de parar las falsificaciones de productos nacionales.
Si bien el Código Penal de 1982 ofrece protección de tales derechos la penalización de estas conductas fraudulentas tipificadas en los Cap. 1V, Título Xll del libro ll (bajo la denominación de Delitos contra los Derechos Ajenos), no resultan efectivas para disuadir a los que comenten este delito.
El anteproyecto propone sanciones con prisión de 5 años mínimos sin embargo, la CCIAP y el SIP solicitaron que se busquen otras penalizaciones más eficientes que permitan sacar a los falsificadores del mercado.
"Dado que este delito afecta a sectores importantes de la economía agroindustria, comercio e industria, solicitaremos que las sanciones se dupliquen en aquellos productos que puedan ser nocivos para la salud" sostuvo Mantovani.
Por su parte, José Javier Rivera, presidente de la Cámara de Comercio manifestó que este tipo de delito afecta al sector privado y al consumidor final dado que empresas nacionales fabrican sus productos y los denominados piratas los falsifican para su expendio en el comercio local.
El proyecto será revisado por una subcomisión técnica para que en un plazo breve se den sanciones pecuniarias y multas significativas que permitan proteger a los industriales y el consumidor.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
