Entregan acciones a trabajadores de Las Minas

Mientras se desarrollaba el acto de entrega de las 151 acciones a los trabajadores de la empresa Generación Eléctrica Bahía Las Minas (EGEMINSA), un pedido fuera de programa sorprendió al ministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras. Se le solicitó que cumpliera con la entrega de los bonos extraordinarios actualmente embargados por la Contraloría General de la República.
La solicitud fue hecha pública al funcionario en el acto cuando la señora Rosa Pérez de Tristán recibía su acción de mano del ministro.
La accionista le solicitó al titular de Economía que el gobierno cumpliera con el desembolso de los bonos extraordinarios que ascienden a unos B/.3,613,000 que se encuentran embargados a causa de la demanda presentada por el abogado Candelario Santana .
Agregó que estos dineros se encuentran embargados de manera ilegal a causa de una demanda presenta por el abogado Santana, quien reclama sus honorarios al sindicato del antiguo IRHE.
El juez séptimo del ramo civil Arcelio Vega procedió a embargar los dineros cuya acción es ilegal porque los dineros del Estado nunca pueden ser embargados, aseveró Pérez de Tristán.
Por su parte, el ministro destacó que el gobierno ha cumplido plenamente y "pareciera que ella está un poco confundida".
Agregó que el abogado que el sindicato contrató les ha puesto un pleito para que le paguen sus honorarios profesionales y procedió a secuestrar la cuenta de estos fondos para que garanticen el compromiso que adquirieron con él.
Según Aramburú Porras, el ministerio acatará lo que el juez determine en este litigio judicial. Consideró que, por eso, las declaraciones de la ingeniera están tratando de confundir a la opinión pública porque no es una situación de competencia del Estado sino un asunto judicial.
El ministro reiteró que se comprobó con estas entregas de acciones que sí vale la pena invertir y no como han pretendido hacer otros trabajadores, desinformando a la opinión pública que "las acciones no valen nada porque son puro papel".
Agregó que no se debe engañar a la opinión pública porque este es un derecho de los trabajadores.
Las acciones entregadas tienen un valor conjunto de unos B/.871,433 que representan unas 515,641 acciones. Dijo que esto demuestra que sólo el uno por ciento del 10 por ciento que la ley le otorga a los trabajadores se ha llevado a efecto, quedando restante un 9 por ciento donde los funcionarios tienen un plazo de un año para adquirir sus acciones.