“Tal parece que el objetivo de la Fiscalía es evitar un juicio contra el presidente Chávez, quien es el responsable de los múltiples daños que perjudican a nuestra nación por la firma irresponsable de un tratado internacional que en su contenido aborrecible no tiene parangón con ningún otro que haya hecho el país en su historia” manifestó el experto petrolero y ex parlamentario Leonardo Ortega Montiel.
Insiste en que los obstáculos que presuntamente ha levantado Rodríguez en contra de la averiguación mencionada tienen que ver con la alta probabilidad de que al final de ese proceso se produzca una decisión de carácter penal en contra del jefe del Estado. “Porque mis argumentos están avalados con cifras”.
Ortega recordó que desde septiembre pasado espera por una respuesta del Ministerio Público, luego de haber entregado a comienzos de ese mes un documento en el que “utilizando mi derecho constitucional, le pedí a la Fiscalía que realice las investigaciones procedentes para suspender la operatividad del convenio petrolero con Cuba”. Dice que en esa misma oportunidad procedió a incoar un juicio al presidente Chávez, con el objetivo de que éste culmine con su destitución al cargo que hasta el momento ejerce.
Señala el ex parlamentario que lleva más de siete meses en espera de una respuesta, y que cada vez que ha pedido información, la respuesta ha sido siempre la misma: “Tenemos que consultar a Pdvsa”. Ortega dice sentirse
desesperado porque “el monopolio de los antejuicios de mérito lo tiene la Fiscalía”.
Y al referirse a los partidos y grupos de la oposición y los planteamientos por ellos propuestos para la salida del cargo del Presidente de la República, agrega que solamente se ha limitado a tratar temas políticos, sin detenerse en el asunto del convenio petrolero cubano-venezolano. “Lo que pasa es que éstos no han logrado entender los detalles de ese asunto.
En resumen, ese tratado representa una pérdida para la República de aproximadamente 3 millardos de dólares en 10 años, producto de regalarle petróleo a Cuba”. Irá no solamente a la Asamblea Nacional, instancia en la que, según sostiene, ya pidió el derecho de palabra el diputado Pedro Pablo Alcántara para denunciar estos hechos, sino que también acudirá al Fondo Monetario Internacional, la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas.
Además de su inculpación penal, Andersen se enfrenta a dos demandas civiles de accionistas de Enron y de la Fundación Bautista de Arizona, una empresa de inversiones que quebró con una deuda a sus inversores de 600 millones de dólares.
Ante una verdadera hemorragia de clientes que lo abandonan (Ford, Delta Air Lines, entre otros) asustados por la reputación de la empresa, Andersen tiene que resolver una reestructuración severa y su filial estadounidense acaba de despedir a 7,000 trabajadores sobre un total de 26,000.
Las filiales Arthur Andersen del extranjero se volcaron a fusiones a todo vapor con otros grandes de la auditoría mundiales, y los restantes cuatro grandes del sector en el mundo, Ernst and Young, KPMG, Deloitte and Touche et PricewaterhouseCoopers, se reparten ahora los restos de Andersen.
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