Estados Unidos está en "desacuerdo" con la decisión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que confirmó ayer su condena a las sobretasas estadounidenses sobre la importación de acero, impuestas en marzo de 2002.
En una primera reacción a la decisión de la OMC, la Casa Blanca reiteró, a través de su portavoz Scott McClellan, su "desacuerdo con las conclusiones generales del panel de apelaciones (de la OMC)".
McClellan reiteró que los aranceles de entre 8% y 30% impuestos por tres años desde marzo de 2002 estaban destinados a "brindar a nuestra siderurgia la posibilidad de reestructurarse y consolidarse", insistiendo en que "son compatibles con las reglas de la OMC".
Sin precisar las intenciones del presidente, el portavoz se limitó a indicar que la Casa Blanca examinará el informe de la OMC "cuidadosamente" y seguirá escuchando a todas las partes afectadas.
Sostuvo además que Bush "sigue estudiando el informe de la Comisión internacional del Comercio" (ITC) estadounidense. Ese informe, divulgado en septiembre, había concluido que las tarifas sobre las importaciones de acero habían resultado nefastas y habían generado pérdidas anuales por 30.4 millones de dólares al Producto Interior Bruto (PIB), al tiempo que aceleró el declive de las grandes industrias consumidoras de productos siderúrgicos en Estados Unidos.
Estas últimas celebraron que la OMC confirmara la condena de Estados Unidos. "Esperamos que el presidente aproveche la ocasión y ponga fin a estas sobretasas que, creemos, han causado más daño que beneficios a la industria siderúrgica", dijo a la AFP David Phelps, presidente de la Asociación estadounidense del acero internacional (AIIS).
En cambio, el Instituto estadounidense del hierro y el acero (AISI), que reúne a los productores, pidió al presidente Bush "no ceder ante la presión de la UE", argumentando que la "consolidación del sector recién está a mitad de camino", según su portavoz Nancy Gravatt.
Si Estados Unidos se niega a acatar la decisión de la OMC, se expondrá rápidamente, desde mediados de diciembre según Bruselas, a medidas de represalia de parte de Europa, Japón y los otros seis grandes países (Brasil, China, Nueva Zelanda, Noruega Corea del Sur y Suiza) que presentaron una demanda contra Washington sobre el tema.
