Datos
- 80% de los negocios en los países en desarrollo son informales.
- 90% de los puestos de trabajo son generados por el sector privado.
- 12 acciones concretas han sido propuestas por la CE, en busca de mejorar el marco regulador.
La Comisión Europea (CE) propuso ayer medidas para impulsar a las empresas privadas en los países en desarrollo, tanto las que están en una situación legal como a las que trabajan de modo informal, ya que estas últimas representan entre el 60% y 80% del total.
El objetivo de Bruselas es favorecer el crecimiento económico de estos países, según explicaron en la comunicación presentada ayer.
En esta tarea, la CE atribuye un papel fundamental al sector privado, puesto que genera el 90% de los puestos de trabajo, especialmente en pequeñas y medianas empresas (pymes) o micropymes.
Entre el 60% y 80% de los negocios que funcionan en los estados en desarrollo son compañías informales a las que el Ejecutivo comunitario ha decidido incluir en sus planes de apoyo para aprovechar su gran potencial de crecimiento y creación de empleo.
Podrán beneficiarse de medidas para favorecer su acceso al crédito a través de diferentes instrumentos financieros.
Bruselas quiere aumentar los incentivos para que regularicen su situación, especialmente en los derechos de propiedad sobre sus tierras, que puedan luego ser utilizados como aval para préstamos.
Busca también mejorar la productividad y las condiciones de seguridad de estas empresas, así como mejorar su acceso a servicios sociales o de infraestructuras.
Para ello considera fundamental apoyar a entidades locales, como cooperativas o asociaciones de productores, especialmente aportando educación y formación.
Las doce acciones concretas propuestas por la CE buscan mejorar el marco regulador en los países en desarrollo para hacerlo más favorable a las empresas privadas, si bien incide en la necesidad de potenciar la inversión responsable y el comercio sostenible.
Asimismo, señalan ámbitos donde la actividad privada puede complementar las inversiones al desarrollo que hace la Unión Europea (UE), como son las áreas de energía sostenible, agricultura sostenible, infraestructuras o “sectores verdes”.
La inclusión de mujeres, jóvenes y población rural en la actividad económica es también una prioridad.
Oxfam y Eurodad criticaron la posibilidad de que estos planes puedan relegar a un segundo plano la lucha para reducir la pobreza en beneficio de los intereses de las empresas europeas.
Expresaron su preocupación porque se inviertan recursos públicos en el desarrollo del sector privado sin estructuras transparentes para dar cuenta de cómo esto sirve para reducir la pobreza o desigualdad, así como que aumenta el peso de las entidades privadas a la hora de proveer servicios sociales.
Además, criticaron que la UE utilice su “peso político” para influir.
