Los países de Centroamérica, muy en especial sus pobladores más vulnerables, se han visto sumamente afectados por la brusca caída económica que ha sufrido el mundo entero. Una de las medidas que los gobiernos del área han adoptado para mitigar tan penosa situación consiste en ejecutar programas de gasto social, principalmente educación, salud y protección social. Esto a pesar de que los recursos con los que cuentan los estados han caído drásticamente en el presente año.
Durante el primer semestre de 2009, la ejecución del gasto social se ha incrementado con respecto al año anterior, tal como lo demuestran los últimos informes presentados en la región, donde destacan El Salvador, con un incremento de 18.8%, y Panamá con un 7.2%.
Nicaragua, muestra una ejecución menor al año pasado. Sin embargo, el porcentaje total ejecutado continúa siendo uno de los mayores de la región. Desafortunadamente, en Honduras solo se ha publicado la información a marzo del presente año y, en Costa Rica, los reportes públicos revelan únicamente el movimiento general de sus finanzas públicas, sin especificar la ejecución del gasto social.
Al desagregar el gasto social en sus principales componentes, los programas de salud y educación son los más destacados. En este sentido, las cifras revelan que para este período el área de educación continúa siendo el rubro más relevante en todos los países, con excepción de Panamá, donde el gasto en servicios de salud ha constituido el renglón más relevante.
La sociedad centroamericana debe velar porque el gasto social continúe siendo priorizado en 2009 y en los proyectos de presupuesto para el 2010. A la luz de los argumentos económicos (vinculados a la productividad del capital humano), políticos (relacionados con la gobernabilidad democrática) y éticos (relacionado con el respeto y la promoción de los derechos humanos) que justifican el gasto social, será necesario construir consensos sociales entre gobierno, sector privado y sociedad civil, que permitan establecer pactos fiscales para asegurar tanto los recursos suficientes para satisfacer las necesidades sociales como las normas y diseños de política pública que transparenten y potencien al máximo las inversiones en educación, salud, vivienda, y protección social, entre otras.
