El ex presidente del Banco del Café (Bancafé), Francisco Mayorga, acusó ayer al gobierno nicaragüense y los organismos multilaterales, de rechazar propuestas para salvar esa entidad y de ordenar su liquidación forzada hace una semana.
La Superintendencia de Bancos ordenó la liquidación forzada el 17 de noviembre pasado, después de detectar "insolvencia manifiesta e incapacidad de recuperación", y luego de un mes de pedir al gobierno en forma infructuosa garantía a los depósitos de los ahorradores.
El gobierno del presidente nicaragüense, Arnoldo Alemán, revirtió el pasado miércoles su decisión de no garantizar los depósitos, y ordenó al Banco Central respaldarlos con 50 millones de dólares, después de un "caos" por el masivo retiro de dinero en la banca local.
Mayorga, presidente del Banco Central entre 1990 y 1991, dijo que propuso al gobierno aumentar el capital del banco, a través de inversores chilenos y guatemaltecos, quienes declinaron la sociedad en agosto, ante la intervención del Banco Intercontinental.
Otra alternativa fue aumentar el capital con aporte de inversores europeos, y la fusión con otro banco nicaragüense que no identificó, pero Alemán siempre se opuso a garantizar los ahorros de los depositantes, agregó.
Mayorga culpó hoy, en declaraciones a la radio y televisión local, a los organismos multilaterales del "caos" en el sistema financiero de Nicaragua, por "imponer" al gobierno normas prudenciales que producen la quiebra de la banca.
El ex banquero aseguró que en la quiebra de Bancafé, "ninguna de las autoridades afirma que hemos cometido delito, hay presunción de violación a las normas prudenciales de la Superintendencia, no hay fraude o estafa que se sancionan con cárcel, las normas con multas".
Lamentó la calificación de "delictivos" los créditos relacionados (a directivos y socios de un banco), porque es una práctica común en el sistema financiero nicaragüense, y un derecho que no pierden esas personas por ser dueños de un banco.
Mayorga aseguró que la mayoría de créditos de Bancafé, incluidos los en mora o cobro judicial, cuyo monto extraen del capital para su respaldo, tienen garantías en propiedades valuadas en sumas mayores a los empréstitos.