Exmagistrado Arturo Hoyos califica de 'impagables' los reclamos en arbitrajes internacionales contra Panamá
Catalogó las sumas en disputa como montos sin precedentes que representan un riesgo financiero crítico para el país.
Esta semana se anunció un nuevo arbitraje contra Panamá por parte de Hutchison. Foto. EFE
El exmagistrado Arturo Hoyos lanzó una severa advertencia sobre el impacto devastador que los arbitrajes internacionales en curso podrían tener sobre la estabilidad fiscal del Estado panameño.
Hoyos catalogó las sumas en disputa como montos sin precedentes que representan un riesgo financiero crítico para el país.
El jurista enfatizó que la cuantía reclamada por los inversionistas extranjeros en los tribunales arbitrales sobrepasa significativamente los montos iniciales proyectados, ya que incorporan indemnizaciones complejas por pérdidas futuras.
"No es solo el llamado daño emergente, en la inversión que se hizo, sino el lucro cesante y a veces ese no se refleja en la cifra inicial que se pone", advirtió el exmagistrado, explicando la magnitud de los reclamos que afronta la República de Panamá.
De acuerdo con el análisis de Hoyos, las cifras globales planteadas en las distintas demandas internacionales alcanzan niveles que el país sencillamente no estaría en capacidad de asumir de forma íntegra sin comprometer su funcionamiento fiscal.
"Diría que las sumas que se están planteando en arbitrajes representan para Panamá algo igual o cercano al presupuesto general del Estado. Es impagable", sostuvo.
Frente a este escenario de alta vulnerabilidad económica, el jurista instó a la vía de la negociación diplomática y legal para amortiguar el golpe financiero.
El exmagistrado además subrayó la gravedad histórica del momento procesal que atraviesa la nación en los tribunales de arbitraje comercial y de inversión.
"Simple y sencillamente no tienen precedentes las sumas que se están disputando en arbitrajes internacionales y son una grave amenaza para las finanzas públicas", expuso.
Panamá tiene unos 10 arbitrajes en curso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), cuyas reclamaciones contra el Estado estarían en torno a $10,973.4 millones.