Diálogo
- Los representantes de los sectores indígena, académico, comunitario, empresarial, estatal, gobiernos locales, profesional y trabajadores forman parte de la mesa de diálogo. Los acuerdos que se presentaron son 54 consensos alcanzados durante el desarrollo de la mesa de diálogo llevado a cabo de mayo a noviembre de 2013. Estos consensos se enfocan en tres ejes temáticos: ambiental y social, económico, y legal – institucional. Varios son los proyectos mineros que se encuentran avanzados, uno de ellos es Cerro Quema, en Tonosí, que tendrá un impacto grande, ya que se han hecho las evaluaciones económicas. El objetivo es proponer nuevas reformas a la Ley Minera de Panamá para garantizar que el sector se desarrolle de manera eficiente y segura.
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Los otorgamientos de concesión para la explotación de la minería están detenidos mientras no se haga un estudio del costo-beneficio de esta actividad, así como evaluaciones ambientales estratégicas y auditorías a las empresas, así lo reiteró la diputada suplente Alina Spadafora.
Estas declaraciones fueron manifestadas durante una reunión en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, en la que participaron agrupaciones ambientalistas, universidades y organizaciones civiles.
En la actividad se analizó el anteproyecto de ley por el cual se declara una moratoria en las actividades de exploración y explotación de minería metálica en todo el territorio nacional.
Por su parte, el presidente de esta instancia legislativa, Quibián Panay, expresó que existe un planteamiento por el que el país requiere de una serie de condiciones para ejercer la minería metálica, ya que de darse, esta no debe afectar a la comunidad y ni al medioambiente donde se desarrolle.
En tanto, Olmedo Carrasquilla, del Grupo Voces Ecológicas, manifestó que esta moratoria es necesaria y urgente para poner un alto y con sensatez analizar el riesgo ambiental que puede producir esta práctica de explotación metálica en la sociedad.
El anteproyecto, que fue presentado el 7 de julio de 2014 ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, señala en el artículo 3 que los permisos o las concesiones mineras que hayan sido otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley podrán seguir operando si cumplen con todas las obligaciones establecidas en la legislación nacional y los convenios internacionales.
Mientras, el artículo 4 señala que las actuales concesiones serán sometidas a una auditoría ambiental internacional independiente, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa ambiental, de salud ocupacional y de seguridad laboral.
Además, se verificarán las afectaciones ambientales y sociales presentes ofuturas.
En reuniones anteriores, la Cámara Minera de Panamá (Camipa) y otros sectores relacionados manifestaron algunas sugerencias, como la necesidad de crear una nueva institución para regir la minería.
Destacaron acuerdos concretados, como aumentar la capacidad técnico-científica, incluir en los programas de manejo ambiental (PMA) detalles específicos relacionados con las actividades mineras y en los planes de cierre y pos de mina, los componentes ambiental y social.
Asimismo, se recomendó fortalecer la participación ciudadana y la gestión gerencial de los Gobiernos locales; regular la minería artesanal; reconocer la importancia de la educación ambiental para la ciudadanía: definir y establecer los distritos mineros; hacer un diagnóstico sobre la minería ilegal, entre otros.
Los argumentos presentados se tomarán en cuenta para un consenso amplio.
