La Contraloría General de la República adoptó, provisionalmente, un procedimiento extraordinario y temporal para la adquisición de bienes y servicios en los municipios y juntas comunales, en virtud del Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno para atender las afectaciones ocasionadas por el sismo del pasado viernes.
Mediante la Resolución Núm.3076-2026-DNMySC de 12 de octubre de 2026, los municipios y juntas comunales podrán gestionar el suministro inmediato de bienes y servicios a crédito destinados, exclusivamente, a atender las necesidades de las comunidades afectadas con cargo a los fondos IBI (Impuesto de Bien Inmueble) y PIOPSM (Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales).
Alcaldes y representantes deberán justificar la necesidad del suministro recibido a crédito, su vinculación directa con la emergencia y el destino de los bienes y servicio, mediante un informe en el que se identifique el proveedor, bienes y servicios recibidos, fecha, monto y la comunidad beneficiada.
Las autoridades locales serán responsables de la veracidad, integridad y presentación de los documentos que sustenten las obligaciones originadas con ocasión de la emergencia.
Este procedimiento tendrá aplicación mientras dure el Estado de Emergencia declarado mediante Resolución de Gabinete No. 108 de 10 de octubre de 2026 sin exceder el 31 de diciembre de 2026, salvo modificación expresa.
La suma total autorizada para contrataciones especiales es de hasta $100 millones.
9
de octubre, un sismo de magnitud 7.5 deja daños materiales en pueblos de Veraguas, Azuero y Coclé.
108
es el número de resolución que declaró Estado de emergencia Nacional en el país.
