En algunos lugares del país los consumidores reportan una ligera disminución de la facturación mensual de la luz pero, en otros, ni siquiera se ha recibido el correspondiente comprobante de consumo.
El gobierno panameño ha establecido en los últimos meses un nuevo marco regulatorio en cuanto a la facturación del consumo de luz, a un máximo de 32 días, luego de registrarse quejas sobre el monto que se paga versus las rebajas anunciadas en junio y julio, que sumaban el 10%, y que nunca llegaron a los clientes de menores ingresos, sino a los grandes consumidores.
Una fuente de la empresa Elektra Noreste explicó a Panamá Américaque, efectivamente, en este mes se ha “retrasado” la facturación y distribución de los recibos en algunos sectores porque estaban esperando la publicación en Gaceta Oficial de la nueva reglamentación de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
“No ha ocurrido nada anormal, solamente estábamos esperando esta publicación para proceder a aplicarla”, argumentó.
El portavoz de la ASEP, Luis Chamorro, explicó que en esa institución no se han reportado nuevas quejas en los últimos días.
No obstante, el dirigente de los consumidores Geovanni Fletcher, del Instituto Panameño de Derechos del Consumidor, dijo a Panamá Américaque “no hay ninguna disminución significativa en el reporte” del consumo.
Agregó que, de acuerdo a la Ley 26, las empresas eléctricas fallan en cuanto a “transparencia y eficiencia” de cara al consumidor y el gobierno actual “no tiene interés en mostrarse extremadamente duro con las empresas, porque está iniciando la administración, pero esperamos que en los próximos meses cambien y sean más fuertes”.
Desde su perspectiva, debe multarse a las empresas por no facturar con la periodicidad calendaria y consideró que “es muy probable” que se estén dando excesos en días cobrados en un año, pero que ello está en verificación por su organización.
Prueba. Para el presidente de la Unión de Consumidores de la República de Panamá, Pedro Acosta, la situación “es igual” desde que se produjeron las quejas por el coste de la luz, porque las empresas “están en un pulseo con el gobierno, en una operación de resistencia y desgaste”, cuando lo más viable es que se sienten a conversar sobre el grado de participación en las decisiones de acuerdo al contrato establecido.
Consideró que uno de los factores que incide en la situación es que el Estado es socio con las empresas privatizadas de generación y comercialización de electricidad.
“Ellos (los funcionarios del sector eléctrico) son parte de ese mercado cautivo, entonces ¿donde vana ir a trabajar cuando termine su cargo?”, se preguntó.
De acuerdo con fuentes de las empresas eléctricas, la reglamentación existente desde la privatización, en 1995, no establecía que los ciclos de lectura no podían ser mayores a 32 días.
Tampoco es obligatorio que la empresa, al momento de hacer la lectura de los medidores, deba entregar un comprobante a los usuarios.
Sólo Elektra Noreste daba este comprobante “como un valor agregado” a sus cerca de 300,000 clientes, pero esto ya dejó de ocurrir hace varios meses atrás y no se ha anunciado si se reiniciará.
