La generación de trabajo decente en el sector agrícola de América Latina es indispensable para combatir la persistente pobreza rural, dijeron recientemente en una sola voz la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Así, pese al crecimiento económico registrado por América Latina durante gran parte de la última década, al aumento de las agroexportaciones y al auge agrícola, la pobreza entre la población rural bajó solo de 60% a 52% entre 1980 y 2008, según la investigación “Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural en América Latina”, realizada por la FAO con la colaboración de la CEPAL y la OIT.
Cumplir la normativa laboral y formalizar empleo es clave para reducir la pobreza rural, expone la investigación presentada y, además, señala que en la región predominan los empleos agrícolas informales, en los que normalmente no se cumple con la normativa laboral vigente de salario mínimo y sin derechos laborales ni protección social.
Las debilidades en el funcionamiento de las instituciones del mercado del trabajo, tales como el salario mínimo, la protección social, la sindicalización y las formas de contratación de la mano de obra explican una importante proporción de la pobreza que se vive en las áreas rurales.
“Si cambiamos estas características, cumpliendo con las leyes vigentes del salario mínimo, formalizando los empleos, mejorando los contratos y la seguridad social, además de ampliando las capacidades de los trabajadores mediante educación y capacitación, se podría generar un enorme impacto en la reducción de la pobreza”, señaló el representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, José Graziano da Silva.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, planteó que “el empleo es la llave maestra para resolver la desigualdad, por eso urge fortalecer en América Latina y el Caribe las capacidades nacionales para lograr convergencia productiva, reducir la heterogeneidad estructural, cerrar brechas de productividad y alcanzar un nuevo pacto fiscal que permita al Estado distribuir mejor los recursos”.
El director regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Jean Maninat, destacó que durante la crisis internacional los países demostraron que sí es posible poner en práctica políticas para promover el trabajo decente, y que esta “es una decisión política muy relevante para estos tiempos. Sin empleo para las personas, el crecimiento no es sostenible y la gobernabilidad se debilita”.
Ingresos laborales cuesta abajo.
La investigación “Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural en América Latina” incluye estudios de caso realizados en Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, y Perú, y señala que hubo una mejora en los ingresos en América Latina y el Caribe hasta antes de la crisis del año 2008, pero que esta no provino del mercado laboral ni de productos, sino del aumento en el número de ocupados por hogar y de los ingresos no laborales, como los subsidios de la política social de los gobiernos de la región. Por el contrario, los ingresos laborales se estancaron o disminuyeron, salvo en Brasil y Chile.
Con respecto a la escasa disminución en los niveles de pobreza rural, se plantea que el mercado del trabajo rural no ha distribuido los beneficios del “boom agrícola” entre los más pobres, según consigna también otro estudio de FAO y CEPAL.
Esta situación se explica por las características del mercado laboral actual, es decir, un déficit en la creación de empleos productivos con remuneraciones adecuadas, con acceso a la protección social y pleno respeto de los derechos laborales, que son las características del trabajo decente.
El informe expone que para cambiar esta situación los países deben reforzar la institucionalidad y las políticas públicas de manera que contribuyan al mejor funcionamiento del mercado del trabajo rural.
