Aunque aplicar la “ley de retorsión” podría representar una reducción en las transacciones comerciales y en el volumen de negocios de Panamá, algunos sectores favorecen la aplicación de esta medida para las naciones que mantienen al país en sus “listas de paraísos fiscales”.
La Ley No.58 de 2002, conocida como "ley de retorsión", establece la aplicación de un trato recíproco a cualquier país que discrimine a una persona natural o jurídica panameña.
Hace unos días el ministro designado de Gobierno y Justicia, Raúl Mulino, reveló la posibilidad de aplicarle la citada medida a Ecuador.
Esto en respuesta de que el pasado sábado el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, prohibió las contrataciones públicas con empresas que tengan domicilio en países considerados “paraísos fiscales”, entre ellos Panamá.
“Panamá no puede de ninguna manera permitir que se nos trate de esa manera, y debe sacar al paso dicha iniciativa”, no duda en afirmar Adolfo Linares, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.
Agregó que hay que aplicar la retorsión “no solamente a Ecuador, sino a todos los países como México, Brasil, Argentina y Perú, que injustamente nos tienen en listas negras”.
En tanto, Gian Castillero, de la Asociación de Abogados Internacionales, sostiene que de aplicarse medidas discriminatorias contra Panamá, el país tiene derecho a combatirlas mediante el uso de aquellas medidas que estén disponibles bajo nuestra legislación.
Igualmente, señala que Panamá tiene todo el derecho de utilizar los mecanismos de solución de disputas existentes en el marco del derecho internacional.
“La aplicación de medidas recíprocas por parte de Panamá contra aquellos países que han tomado acciones discriminatorias en su contra, como lo permite la ley de retorsión, es una medida que debe ser analizada a conciencia por nuestro Gobierno”, acotó.
Esto, alega, debe darse dentro de una obligación mucho más amplia de generar una estrategia de Estado de aplicación sostenida y consistente, que permita la protección de los mejores intereses de nuestra oferta de servicios internacionales y de nuestro financiero”.
En opinión del jurista Eduardo Morgan Jr., “todos los países aplican la retorsión. Es uno de los principios fundamentales del derecho internacional”.
Sostiene que si la medida la hubiera aplicado el Gobierno al principio, “no estuviéramos en ninguna lista. Es una cuestión de soberanía y de dignidad”.
La medida, dijo, hay que aplicarla a Ecuador, España, México, Brasil “y a todos los que nos discriminan”.
Medidas.
Recientemente el mandatario ecuatoriano, Rafael Correo, suscribió un decreto que señala que en procesos de contratación pública serán descalificadas las compañías que registren domicilios “en los denominados paraísos fiscales”.
La decisión se tomó a raíz de una polémica desatada porque el hermano del mandatario, Fabricio, con dos empresas domiciliadas en Panamá, mantiene millonarios contratos con el Estado.
