La dirección de la empresa automovilística Fiat empezará a aplicar hoy el recorte de plantilla que afecta a 8,100 empleados, dado el estado de crisis en el que se encuentra la compañía.
La falta de acuerdo entre los directivos y los sindicatos, en la reunión del pasado jueves auspiciada por el Gobierno, consumó la ruptura y la entrada en vigor de las medidas traumáticas contra los trabajadores.
Más de 5,600 empleados pasarán a partir de hoy a lo que se denomina "caja de integración", un sistema que se aplica a empresas en crisis por el cual los trabajadores perciben el 80% de su salario -financiado por el Estado- hasta un límite de 776.12 euros al mes, por un período máximo de veinticuatro meses, tiempo que se supone permite la recuperación de la compañía.
El resto de trabajadores afectados por el recorte, cerca de 2,500, se acogerá a la llamada "movilidad", vista como antesala del despido definitivo o la jubilación y, en este caso, retribuida con el 100% del sueldo en el primer año y del 80% a partir del décimo tercer mes.
Mientras tanto, los sindicatos mantendrán las movilizaciones para oponerse a la declaración de crisis de Fiat y en los próximos días llevarán a cabo manifestaciones y huelgas.
Los sindicatos confederales se han tomado muy en serio la situación y amenazan con fuertes medidas de presión, hasta el punto de que alguno de los líderes ha apuntado la posibilidad de convocar una huelga general, motivada por la especial importancia que Fiat tiene en Italia, no sólo desde el punto de vista económico, sino social.
A la polémica se ha unido el primer ministro, Silvio Berlusconi, quien el pasado sábado comentó a una de sus cadenas de televisión que lo trabajadores de Fiat afectados por el recorte pueden completar sus ingresos con alguna ocupación complementaria, incluso "no oficial".
La alusión a un trabajo en negro ha sido contestada de manera crítica por toda la oposición de centroizquierda y por los propios sindicatos, que han acusado a Berlusconi de escasa sensibilidad social y de alentar a cometer una ilegalidad.
La AU como Vicepresidente del Comité de Zonas Francas de las Américas comparte la solicitud hecha al grupo de Acceso a Mercados, que se logre la búsqueda de un consenso, a fin de que los bienes manufacturados en zonas francas, se les de acceso a los beneficios arancelarios que se deriven del ALCA, siempre y cuando se cumplan los requisitos de origen acordados.
