La parte positiva es que ese arancel será inicialmente de sólo el 50 por ciento de lo previsto. La negativa, que a partir de mayo del 2004 el arancel se aplicará al 100 por ciento y no se hará excepción alguna.
La medida fue adoptada ayer en el Comité de Representantes Permanentes de los 15 países miembros de la UE (Coreper). Y aunque deberá ser ratificada en una reunión de ministros el 14 de abril, se considera una decisión "tomada".
El embajador de Colombia en Bruselas, Nicolás Echavarría, explicó que en noviembre se comenzará con un arancel del 4.25 por ciento, y que en mayo del 2004 pasará a ser del 12.5 por ciento, pues esa es "temporada alta" y los europeos han instaurado un sistema de aranceles que hace diferencia entre las etapas de alta producción de flores en Europa (primavera-verano), y las de baja producción. Echavarría destacó que el impacto del arancel más elevado será limitado, porque "en esa época casi no exportamos flores".
No obstante, la imposición de aranceles representa un golpe para Colombia, que exporta 70 millones de dólares en flores a la UE y llevaba a cabo un intenso lobby para impedir que esto ocurriera.
La determinación europea se debe a la promulgación el 10 de diciembre de un nuevo reglamento comunitario para el otorgamiento de ventajas arancelarias a través del Sistema Generalizado de Preferencias para los países productores de drogas (SGP-Drogas). Un esquema gracias al cual, casi la totalidad de los productos colombianos, ingresan al mercado europeo sin pagar tasa alguna.
Ese nuevo reglamento estipula que los productos de los países beneficiados que sobrepasen cierta cuota del mercado se asumen como "competitivos" y deben, por tanto, dejar de recibir la ventaja arancelaria, lo cual sucede hoy con las flores, pero podría suceder muy pronto con el rubro de pesca, pues las exportaciones de camarones están creciendo de forma importante. Bajo las tesis del principio de corresponsabilidad en la materia de lucha antidrogas y subrayando el enorme costo social que podría tener una decisión de estas características en nuestro país, Colombia pedía que la aplicación del reglamento se congelara hasta enero del 2005.
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