La junta directiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó de "robusto" al sistema bancario panameño y dio el visto bueno a los esfuerzos concertados por las autoridades para fortalecer el régimen antilavado de dinero.
La evaluación del FMI se basó en las conclusiones de una delegación de este organismo que visitó a Panamá en octubre del año pasado, la cual fue sustentada en junta directiva el pasado 22 de enero de este año.
El FMI tomó en cuenta la autoevaluación de la adherencia de los principios básicos para la supervisión bancaria efectiva del Comité de Basilea y el progreso alcanzado por la Superintendencia de Bancos en su programa de inspecciones consolidadas de bancos, tanto de licencia general como internacional.
De acuerdo con el análisis del FMI, la tasa de crecimiento del crédito bancario del sector privado, disminuyó del 16% en los 12 meses que terminaron en septiembre de 1999, a 14% en septiembre del 2000.
Según el FMI, el poco crecimiento es el resultado, en parte, de préstamos más conservadores, en vista de la necesidad de los bancos de cumplir con las nuevas regulaciones relacionadas con la clasificación de préstamos que comenzó a regir el primero de enero de este año. La tasa de préstamos a corto plazo se ha mantenido casi en 10% en los últimos 15 meses y la diferencia con la tasa prime de los Estados Unidos se ha reducido en poco.
Resaltó que los indicadores de la solidez del sistema bancario se han mantenido fuertes. El centro bancario panameño reportó un retorno de su activo anual de 1.5% al 30 de septiembre del 2000, y una tasa de capital de activos de 9.1%, lo que representa un aumento comprado al 8.6% que se obtuvo al final de 1999.
Los bancos panameños reportaron una tasa de capital a activo del 11.7%, mucho más arriba del mínimo regulatorio del 8%. Los préstamos que no devengan intereses fueron el 2.9% de los préstamos totales a finales de septiembre de 2000, y las provisiones para pérdidas en los préstamos totalizaron un 67% de las pérdidas netas.
En tanto, el déficit de cuentas corrientes extranjeras se estima que bajó de 1.4 billones (14.4% del Ingreso Bruto por Depósitos) en 1999, a un billón (10.4% de IBD en el 2000). Las inversiones extranjeras directas financiaron el 33% del déficit de cuentas corrientes. Una reducción neta en activos extranjeros del Sistema Bancario Panameño de alrededor de $380 millones cubrió la mayoría del resto, sostiene el FMI.
Señala que la tasa efectiva real de intercambio se apreció 1.6% en los primeros nueve meses del año 2,000 y ha subido 3.3% desde diciembre del 1988. Una apreciación de la tasa efectiva nominal que resulta de la apreciación del dólar de los Estados Unidos (moneda de curso legal en Panamá) contra otras monedas importantes, mermó el impacto de un diferencial favorable de la inflación. La inflación del precio del consumidor de 12 meses en noviembre del 2,000 fue del 11%.
El FMI también manifestó que las autoridades panameñas continúan perseverando sus esfuerzos que se iniciaron en 1998, para modernizar el ambiente de regulación y supervisión del sistema Bancario y para establecer un sistema que esté acorde con los estándares internacionales aceptados.
Resaltó que en los últimos 6 meses, Panamá ha concertado un esfuerzo dirigido a las preocupaciones relacionadas con el régimen antilavado de dinero. En octubre del 2,000 la superintendencia bancaria completó una autoevaluación con asistencia del FMI, de su cumplimiento con los principios del acuerdo de Basilea sobre la supervisión efectiva de los Bancos. Las autoridades se han comprometido a llevar a cabo un avalúo que será dirigido por el FMI bajo sus iniciativas para OFC, iniciando en abril del 2001. La Superintendencia ha completado inspecciones consolidadas de 30 de los 80 bancos de licencia general e internacional, y se encuentra actualmente verificando la calidad de la supervisión y monitoreo en campo, puntualiza el informe de FMI.
Para fortalecer el régimen antilavado de dinero, las autoridades presentaron dos nuevas leyes a la asamblea que fueron aprobadas y promulgadas prontamente a principios de octubre 2000. Estas leyes ampliaron el concepto del crimen por lavado de dinero para incluir el lavado de fondos provenientes de fraude, extorsión, de peculados, corrupción de funcionarios públicos, secuestros, actos de terrorismo y robo o tráfico de vehículos o armas ilegales. (Anteriormente solo cubría ofensas relacionadas con drogas). Las nuevas leyes también facilitan la transmisión de reportes de transacciones sospechosas a las autoridades y el intercambio de información con otras jurisdicciones, concluye el FMI.
