El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo ayer que podría extender la disponibilidad de fondos congelados para Ecuador bajo su programa crediticio, que concluye el 18 de abril.
El FMI ha dicho que aplazará la aprobación de un tercer desembolso de créditos para Ecuador hasta que el Congreso del país adopte una decisión sobre una propuesta de un paquete de reformas impositivas.
El jefe de relaciones exteriores del FMI, Thomas Dawson, dijo el lunes que pese a que el Fondo tiene un amplio acuerdo con Ecuador sobre las metas para 2001, siguen pendientes la reforma fiscal y medidas para el sector bancario, lo que por ahora implica el congelamiento del programa en curso.
"Una vez que se resuelvan estos temas, el directorio podría considerar la, revisión, así como también el pedido de las autoridades para extender el acuerdo "stand by", probablemente en otoño", dijo Dawson en una conferencia de prensa.
"El acuerdo actual concluye el 18 de abril, de forma tal que los (préstamos) restantes podrían (reprogramarse) con la extensión", dijo.
El país andino había previsto un tercer desembolso de alrededor de 45 millones de dólares después de que su congreso recibiera un proyecto de reforma impositiva que incluye una subida en tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a 15 por ciento de 12 por ciento.
Pero como Ecuador está tan atrasado en el programa de un año que comenzó hace 11 meses, el FMI decidió esperar hasta abril, momento en que los legisladores tendrían aprobado el proyecto, antes de tomar una decisión sobre el país.
El gobierno fue lento en poner en práctica muchas políticas exigidas por el FMI, como subir los precios de los combustibles y el IVA. El país soportó dos semanas de bloqueos de carreteras en todo su territorio y protestas después que la gasolina subió en diciembre.
El país sudamericano intenta salir de la crisis económica de 2000, que lo llevó a reemplazar su debilitada moneda por el dólar estadounidense en abril del año pasado, pero que llevó la inflación a 91 por ciento, la más alta de América Latina.
La propuesta de reforma impositiva, que subiría el IVA, bajaría los impuestos a los ingresos y pasaría el control de la aduana al estricto organismo de recaudación impositiva del país, se convirtió en el eje de debate de la política económica, incluso antes de que fuera enviado la semana pasada al congreso.
