Las revueltas en Oriente Medio han sacado los colores al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, al revelar no solo su incapacidad para predecir lo ocurrido, sino su respaldo implícito al "statu quo" en la zona durante años.
Las conexiones entre las élites de la región y los dos organismos también han quedado claras. Prominentes defensores del proceso de privatización en Egipto, que es ahora objeto de escrutinio ante las crecientes señales de una corrupción endémica, tienen importantes cargos en las dos instituciones hermanas.
Yusef Butros-Gali, que dimitió en febrero como ministro de Finanzas de Egipto, ocupó entre octubre del 2008 y febrero de este año la presidencia del Comité Monetario y Financiero Internacional, el principal órgano ejecutivo del FMI.
En los últimos meses, tanto Butros-Gali como otros artífices de la "transformación" egipcia han sido acusados de defraudar al Estado por dar un trato preferente a empresarios próximos al poder.
Uno de sus protegidos, el ex ministro de Inversiones egipcio Mahmoud Mohieldin, es desde octubre del 2010 uno de los tres directores generales del Banco Mundial, lo que lo sitúa inmediatamente por debajo del presidente del organismo, Robert Zoellick.
Mohieldin es cuestionado por su papel en la venta de una cadena hotelera, aunque el Banco Mundial (BM) negó que el ex ministro egipcio sea objeto de una investigación formal como apuntan informes de prensa. "Estamos en estrecho contacto con las autoridades y no tenemos constancia de ninguna investigación", dijo el presidente del BM, Robert Zoellick.
