De plácemes están los industriales al recuperar el subsidio para la producción el pasado 31 de diciembre mediante una ley que revive el apoyo gubernamental a su inversión mediante el Certificado de Fomento Industrial (CFI), pero es posible que puedan recibir más ayuda.
Contexto.La directora general de Industrias, Lucía Ferguson, explicó que aquel empresario que cumpla los requisitos para solicitar el Certificado de Fomento Industrial (CFI) deberá renunciar antes, si lo tiene, a los contratos con la Nación y no podrán hacerlo los que reciben CAT “o cualquier otro beneficio o incentivo fiscal o zonas especiales”.
No obstante, a una consulta de Panamá Américasobre si las empresas que son apoyadas por programas como el de competitividad se podía acoger si no están en la lista de excepciones, dijo que “no deben estar, pero tendría que consultarlo”.
Ante la larga lista de procedimientos o documentos de diferentes instituciones exigidos para obtener el CFI, tampoco se ha pensado establecer una “ventanilla única”, admitió.
No obstante, el director de Comercio Exterior, Ramiro Franceschi, aseguró que “se está adquiriendo un software para que los empresarios puedan hacer sus solicitudes digitales con la meta de que los certificados se expidan a los 3 meses de solicitados”.
La ley se sancionó el pasado 31 de diciembre junto con la ley 82, que crea los Certificados de Fomento a la Agroexportación (CeFA) y la de reconocimiento de derechos posesorios y titulación de tierras en islas y costas (Ley 80).
Antecedentes.De acuerdo con el abogado Raúl González, del bufete Rivera, Bolívar y Castañedas, la norma tiene sus antecedentes, entre otras, en la ley 108 que en 1974 creó los Certificados de Abono Tributario (CAT), ya derogada, y la ley 3 de 20 de marzo de 1986 de fomento e incentivos a la industria y las exportaciones.
Estas daban 100% de exoneración de impuestos de introducción, contribuciones, gravámenes y tasas o derechos aduaneros, así como la del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles (ITBM) sobre la importación de maquinarias, equipos y repuestos que se utilicen en el proceso de producción y el 100% del impuesto sobre la renta respecto de las ganancias.
El CFI tendrá una validez de ocho años y su principal beneficio es que da 35% de reintegro de la inversión, cuando se trate de empresas agroindustriales y de 25% para las otras actividades industriales a que hace referencia la ley.
Además, se aplicará “un impuesto de importación equivalente al 3% del valor CIF (valor del producto en su país de origen más el flete y seguro hasta el punto de destino) de los insumos extranjeros”.
El CFI se solicitará ante el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el documento lo confeccionará la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas y lo refrendará la Contraloría General de la República.
Limitaciones.“Cualquier inversión anterior a la fecha de vigencia de esta ley no será tomada en cuenta para solicitar el CIF”, advirtió Ferguson.
Con este documento el empresario podrá pagar impuestos nacionales tasas y contribuciones propias causados a partir de la expedición del certificado y también podrá transferirlo a otra persona, sólo que cada vez que se endose tendrá que pagarse el impuesto del 5% o ITBM, de acuerdo con el abogado Said Acuña, experto en tributación.
Por otra parte, Ferguson señaló que las empresas tienen que comprobar que han reinvertido en mejoras a la productividad, tanto en equipos como en capacitación de capital humano o investigación y desarrollo en la empresa, por lo que les recomendó guardar “todas sus facturas, planillas, listas de participantes en los cursos” para poder probar al Estado que tiene derecho a solicitar el CFI.
Incluso si se rechaza una solicitud puede apelar mediante un recurso de reconsideración ante la Dirección General de Industrias del MICI, acotó.
La cancelación del CFI se aplicará a quien se le compruebe que entregó información falsa.
