Garantías
- El anteproyecto establece que los promotores deberán obtener a su costo un fideicomiso de administración para garantizar la atención de los reclamos que presenten los consumidores, en el caso de disolución de la sociedad o cierre de operaciones de la empresa promotora.
- Esta reserva no es una limitación en caso de que los daños superen el monto reservado, la promotora deberá cubrir el excedente del costo con fondos propios.
- Los promotores de viviendas residenciales deberán abrir un fideicomiso de administración en una fiduciaria con licencia en Panamá, quienes abrirán cuenta en un banco de la localidad, para custodiar los dineros provenientes de los abonos realizados por los compradores en un término de 3 días. El fideicomiso tendrá una duración de tres años correspondiente con el periodo de garantía.
@Maite1805
Un total de $266 millones 661 mil 54 en quejas inmobiliarias se registraron de enero a diciembre en los últimos siete años, lo que se traduce en 4,004 reclamos presentados.
De esa suma, $93 millones 623 mil 733 corresponden al incumplimiento de contrato y más de $57 millones son de incumplimiento de garantía, según informes de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
El incumplimiento de contrato encabeza la lista con 1,187 quejas, seguido del incumplimiento de garantía que son 700 y los reclamos por devolución de dinero ascienden a 491.
Durante los doce meses del año pasado se presentaron 342 quejas, es decir unos 21 millones 479 mil 831.
Estos reclamos se fundamentan en que Panamá experimenta una amplia oferta en el sector inmobiliario, muchas casas se entregan por mes y muchas veces estas construcciones resultan ser de mala calidad o presentan un problema posteriormente.
Es por esto que estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Interamericana de Panamá (UIP) presentaron un anteproyecto de ley, por el cual se crea el fondo de reserva para garantizar la respuesta por parte de las inmobiliarias a los reclamos de los compradores de nuevas viviendas.
El objetivo principal de la propuesta de la ley es proveer a los compradores de una figura, la cual garantice brindar respuesta en caso de que se compruebe un reclamo por algún proyecto inmobiliario.
La reserva de fondos será de un 5% del precio de venta de cada propiedad, cuando el precio de la misma no supere los $120 mil y por el 2% del precio de venta de cada propiedad cuando el precio de la misma supere los $120 mil, su vigencia se extenderá por tres años.
José Batista, asesor de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), al referirse al anteproyecto de ley, difiere en la idea de crear un fondo de garantía, ya que asegura que ese porcentaje que se les pide a las promotoras va afectar directamente el precio de venta de la casa.
Enfatizó que otro peligro de esta reserva es que los promotores van a trasladar su responsabilidad que les corresponde a ellos, ya “ningún promotor asume nada”.
Agregó que los contratos inmobiliarios tienen un periodo de garantía de un año.
