Respondiendo a los cuestionamientos de legisladores de la oposición ,el viceministro de Economía, Domingo Latorraca, sostuvo ayer que sólo el 2.9% (5.8 millones de dólares) de los 200 millones de dólares en intereses del Fondo Fiduciario que entrarán este año a las cuentas del Estado en concepto de intereses adelantados, serán para cubrir los gastos administrativos, supervisión y coordinación de los proyectos sociales que se financiarán con estos fondos.
Indicó que el programa de inversión de estos 200 millones de dólares para este año, está dentro de lo que dice la Ley 22 del Fondo Fiduciario. "Yo no conozco todavía un proyecto que no requiera ser administrado y coordinado. Los proyectos no se manejan solos, se manejan con gente y recursos", señaló el viceministro de Economía.
Latorraca manifestó que estos fondos se están potencializando, ya que parte de ellos se están utilizando para cubrir la contraparte de Panamá en los proyectos financiados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
"Existe una serie de proyectos sociales cuyo financiamiento requiere de créditos y que al calificar dentro del presupuesto, han sido considerados como aportes sustantivos del fondo fiduciario como contrapartida local", dijo Latorraca.
Señaló que estos proyectos sociales de conformidad con los convenios contienen un componente de gastos de administración, supervisión y coordinación, pero esto dista mucho de ser calificado como gastos de funcionamiento por su razón de ser.
Latorraca manifestó que el informe en el que se basa el legislador, Aníbal Culiolis para decir que 50 de los 200 millones de dólares del Fondo Fiduciario se utilizarán para cubrir gastos administrativos, está desactualizado.
Sostuvo que durante el proceso de vistas presupuestarias o de análisis por la Comisión de Presupuesto se hizo un cambio, lo que varió todos los porcentajes en que se utilizará el Fondo Fiduciario.
"Los planteamientos esbozados por Culiolis corresponden a la primera aproximación de documentos", dijo Latorraca.
De acuerdo al legislador Aníbal Culiolis de la Democracia Cristiana, en estos casos el gobierno debería cubrir los gastos administrativos con otros recursos y optimizar los intereses del Fondo Fiduciario en obras materiales.
Aseguró que el destino de los recursos se enfoca en obras sociales debidamente sustentadas en el programa de gobierno e incorporadas en el presupuesto, en los sectores agropecuario, salud y educación, vivienda y problemas multisectoriales.
Para el próximo año se adelantarán en concepto de intereses del Fondo Fiduciario 178 millones de dólares, en el 2003 95 millones de dólares y en el 2004 unos 86 millones de dólares.
Según la Ley 22, los desembolsos de los intereses adelantados del Fondo Fiduciario sólo se podrán utilizar para financiar programas de inversión social, debidamente sustentados y programados por el Gobierno Nacional en el presupuesto general.
Entre los proyectos que podrían ser financiados con los intereses adelantados del Fondo Fiduciario se encuentran los de titulación de tierras, programa de desarrollo tecnológico, rural y sanidad agropecuaria, y reconversión agropecuaria.
En el sector salud, se podrán utilizar parte de estos fondos para proyectos de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillados; ampliación, equipamiento y compra de medicamentos para las instalaciones de salud; construcción y equipamiento del Hospital Santo Tomás; mantenimiento y rehabilitación de infraestructuras, equipos y servicios.
En el sector educación, en proyectos como construcción, reparación y ampliación de infraestructura escolar, programas de nutrición escolar, programa de equipamiento de escuelas, programa de capacitación laboral y capacitación de docentes.
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