El presidente del actual Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, y los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Banco de Santander en 1994 deberán declarar en noviembre, como imputados por un presunto delito fiscal.
El presunto delito fue cometido tras la entrega del 1% de las acciones de la entidad Banesto a 13 ex directivos del Santander.
Se investiga si el banco cometió delito fiscal al no hacer las retenciones tributarias a esas acciones.