Funcionarios a la carrera

La presidenta Mireya Moscoso podría enfrentar dentro de pocos días una de las situaciones más difíciles de su novel Gobierno si la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) cumple su palabra y convoca una huelga general de brazos caídos en el sector gubernamental, como una medida de protesta contra la aprobación del Decreto Ejecutivo No.122, por medio del cual se congeló la Carrera Administrativa.
La Ley No.9 del 20 de junio de 1994, "por la cual se establece y regula de Carrera Administrativa", fue creada como una iniciativa del gobierno del presidente Guillermo Endara, para evitar que los puestos de los funcionarios públicos estuvieran sometidos a los vaivenes de la política criolla y a los caprichos de los gobernantes de turno.
Su objetivo es garantizar que la administración de los recursos humanos del sector público se fundamente estrictamente en el desempeño eficiente, el trato justo, el desarrollo profesional integral y la remuneración adecuada a la realidad socioeconómica del país.
Igualmente busca que todos los funcionarios tengan oportunidades de promoción, así como todo aquello que garantice dentro del servicio público un ambiente exento de presiones políticas, libre de temor que propenda a la fluidez de ideas y que permita contar con servidores públicos dignos, con conciencia de su papel al servicio de la sociedad.
La medida buscaba además promover el ingreso y retención de los empleados públicos que se distingan por su idoneidad, competencia, lealtad, honestidad y moralidad, cualidades necesarias para ocupar los cargos públicos que ampara la ley y sus reglamentos.
Con estas disposiciones se pretendía producir un sistema que brindara el mejor servicio público y a la vez protegiera al funcionario de Carrera Administrativa en sus funciones de las presiones de la política partidista y garantizara a los que obtuvieran el mandato popular, llevar adelante su programa de gobierno.
Hasta hace pocos días la misma era obligatoria para todas las dependencias del Estado y era fuente supletoria para aquellos servicios que rijan por otras carreras públicas legalmente reguladas o por leyes especiales.
Como se puede observar, la Carrera Administrativa tenía un loable objetivo, que buscaba frenar la piñata de puestos que se formaba dentro de las entidades estatales cada vez que había cambio de gobierno, pero entonces ¿qué falló?, ¿qué supuestas irregularidades se han cometido que han obligado a la presidenta Mireya Moscoso a revisar esta norma arriesgandose a enfrentar una huelga de empleados estatales?
De acuerdo a una fuente de la presidencia, que prefirió mantener el anonimato, con mucha extrañeza el nuevo gobierno ha visto que desde las elecciones de mayo pasado se han adherido a la Carrera Administrativa más de 7,000 servidores públicos, cifra que sobrepasa a la de cualquiera de los años cumplidos desde que se creó la Ley 20 en 1994.
Asimismo el vocero indicó que el nuevo Ejecutivo se ha percatado que en los diferentes ministerios y entidades públicas existen reglamentos internos aprobados a la posteridad del pasado gobierno, muchos con fecha del 30 de agosto de 1999.
Según el informante, estos reglamentos fueron creados para perjudicar a Mireya Moscoso y "enquistar" dentro de la Carrera Administrativa a servidores que no tenían derecho a ello, en evidente abuso a la ley.
Ahora, prosiguió, que el nuevo Gobierno lucha por adecentar el aparato gubernamental; se escuchan voces disonantes de quienes alegan que se les ha perjudicado "sin tener el mínimo de vergüenza".
Citó como ejemplo que Leandro Avila, secretario general de la FENASEP y varios directivos de esta agrupación cometieron el grave error de apostar a ganador y perder, dado que declararon públicamente que respaldaban al candidato Martín Torrijos y al PRD en la recién campaña presidencial.
El compromiso, aseguró, obviamente era que si el PRD lograba el apoyo de los servidores públicos agremiados en la FENASEP y la misma conseguiría el respaldo del nuevo gobierno para convertirse en sindicato, a la vez que los funcionarios públicos de su predilección serían incluidos en la carrera administrativa.
Agregó que al parecer, después de las elecciones, Leandro Avila y la FENASEP han quedado en una situación muy difícil, ya que, sin el padrinazgo del PRD, se han puesto al descubierto todas las artimañas que se han utilizado para introducir a más de 10,000 servidores públicos a una Carrera Administrativa a la cual no tienen derecho.
De allí, inquirió, la circunstancia de que la supuesta protección que debía dar el PRD a este último bloque de servidores públicos que entraron ilegalmente a la carrera administrativa, se desvaneció con el resultado de las elecciones.
La fuente precisó que si se analiza la ley 29, se apreciará que es casi imposible que menos de tres meses más de 7,000 funcionarios hayan llenado todos los requisitos que exige la Carrera Administrativa, los cuales son bastante rigurosos y si se observa detenidamente se podrá apreciar que los empleados que más se quejan son precisamente los que no tienen derecho. A la vez agregó que aquellos servidores públicos honestos podrán seguir tranquilos, ya que en fondo el nuevo Gobierno se limitará a revisar los actos de corrupción y la falta de honestidad.
De acuerdo con las informaciones que han salido a la luz pública, la presidenta Moscoso decidió "congelar" la Carrera Administrativa al percatarse de que un gran número de funcionarios no llenaban los requisitos para ser incluidos en la misma e incluso se ha mencionado el nombramiento de familiares y amigos del expresidente Pérez Balladares, así como la falsificación de diplomas y créditos universitarios.
Para ingresar a la Carrera Administrativa se requería que el funcionario hubiera laborado por lo menos 10 años consecutivos en el área gubernamental. Sin embargo en la administración de Pérez Balladares esta cifra se redujo a cinco años.
De acuerdo al título IV, de la Ley 20, la selección de los aspirantes debe estar basada en la competencia profesional, al mérito y la moral pública de los candidatos, aspectos que se comprobarán mediante instrumentos válidos de medición previamente preparados, aprobados y aplicados por la Dirección General de Carrera Administrativa.
El procedimiento ordinario de ingreso se desarrollará mediante el cumplimiento de dos etapas principales, a saber: un concurso de antecedentes o un examen de libre oposición y la evaluación de ingreso.
En el concurso de antecedentes cada aspirante aportará sus respectivos créditos, que serán revisados y calificados de acuerdo con el reglamento que con tal fin sea preparado.
En los exámenes de libre oposición, los interesados presentarán pruebas escritas, orales y prácticas, según las funciones del puesto. Los resultados serán revisados y calificados de acuerdo a los reglamentos establecidos.
Concluida la primera etapa, los tres aspirantes con mejor calificación serán sometidos a una evaluación de ingreso por parte de su superior inmediato al puesto vacante, la cual se obtendrá mediante una entrevista personal e individual.
Realizada la entrevista, el superior inmediato hará la recomendación de nombramiento a la autoridad nominadora, que actuará discrecionalmente, pero no podrá elegir sino dentro de la terna seleccionada.
La autoridad nominadora deberá formalizar el nombramiento de los recursos humanos seleccionados a más tardar en 15 días hábiles después de concluido el proceso de selección e inmediatamente el individuo seleccionado empezará a percibir el salario establecido.
Además de esta disposiciones existe un procedimiento especial de ingreso diseñado para regular la incorporación de los servidores públicos en funciones al régimen de Carrera Administrativa. El reglamento regulará los mecanismos que le son propios para garantizar que el funcionario que demuestre los requisitos mínimos del puesto sea incorporado automáticamente a la Carrera Administrativa.
Luego de la elección, por cualquiera de las dos vías, el funcionario será sometido a un período de prueba que no será menor de un mes, ni mayor de un año, que transcurre desde el nombramiento del aspirante hasta su evaluación, de acuerdo con el reglamento técnico respectivo, que determinará al final de este término la calidad de servidor público de carrera administrativa, o de otra manera su desvinculación del servicio público.
Ante la congelación de la ley de Carrera Administrativa, el secretario general de la FENASEP, Leandro Avila, ha amenazado con iniciar, después de las fiestas patrias, una huelga nacional de brazos caídos que paralizaría el sector gubernamental a nivel nacional.
A juicio de Avila, la intención velada del gobierno de Mireya Moscoso de revisar la ley de Carrera Administrativa es destituir a miles de funcionarios públicos para nombrar a sus copartidarios, que sí estarán protegidos por la norma.
El dirigente sostiene que el Gobierno ha puesto como excusa para congelar la Carrera Administrativa que mucha gente ingreso en los últimos meses del gobierno anterior sin llenar los requisitos necesarios. Sin embargo, asegura que lo que se persigue es dejar sin efecto todas las resoluciones de gabinete que desde 1997 hasta la fecha había permitido el ingreso de varias instituciones del Estado a la Ley de Carrera Administrativa y depurar las instituciones gubernamentales.
Pese a los señalamientos de la FENASEP, la presidenta Mireya Moscoso tildó a Leandro Avila de irresponsable por pretender iniciar una huelga utilizando como pretexto el congelamiento de la Carrera Administrativa y el viernes lo acusó directamente de ser uno de los responsables de querer desestabilizar el país y perturbar su labor de gobierno.
La presidenta sostiene que en ningún momento ha dicho que se destituirán a los empleados públicos y lo que se hará será revisar los casos de las personas que se incluyeron en la Carrera Administrativa unas semanas antes del 1 de septiembre y especificó que este grupo de funcionarios sólo tenía tres meses de trabajar con el Gobierno cuando se acogieron a este beneficio.
Moscoso también ha atacado duramente a Avila al decirle públicamente que "si de verdad es un dirigente probado, por qué no hizo nada ni llamó a una huelga cuando el Gobierno del PRD, encabezado por Pérez Balladares, se dio a la tarea de despedir a los arnulfistas y a los miembros de otros partidos políticos que ocupaban puestos en el Gobierno".
Según Moscoso, "Avila no hizo nada porque es un miembro probado del PRD y era un subalterno más de Pérez Balladares".