La Contraloría General de la República (CGR) cerró la primera fase de la creación de una "Cultura de Rendición de Cuentas" implementada por la entidad, ya que el 87.3% de los 2,093 funcionarios de manejo en todo el país cumplieron con la Ley 59 de 1999, que obliga a estos servidores a presentar una Declaración Jurada de Estado Patrimonial (DJEP).
Un total de 1,827 servidores públicos presentaron su DJEP, quedando pendiente por declarar 266 funcionarios (12.7%), entre ellos 193 tesoreros de juntas comunales, que son personas residentes en la comunidad que actúan como miembros de la directiva de la junta comunal sin recibir salario por sus servicios.
En estos casos se ha girado instrucciones a las oficinas de fiscalización para que verifiquen el funcionamiento efectivo de esas juntas comunales en las que sus tesoreros no han presentado la correspondiente DJEP.
En caso de incumplimiento que tenga la persona o entidad, se procederá a sancionar con multa de 50 a 500 dólares.