El Grupo de los Siete y Rusia (G-8) dará a cincuenta paraísos fiscales un plazo hasta julio de 2001 para que reformen sus sistemas tributarios y eviten el fraude, según informó ayer el diario económico Nihon Keizai.
La iniciativa, que prevé también sanciones, estará sobre la mesa de la cumbre que se celebrará en Japón el próximo mes, en la que participarán los mandatarios del G-8.
Estos gobiernos pretenden acabar con la falta de transparencia fiscal y presionar a los países para que informen sobre qué empresas extranjeras operan desde ellos. Este plan utilizará una lista de paraísos fiscales elaborada por la OCDE que se hará pública este mes.
Hace unas semanas, el G-8 difundió una clasificación en la que se incluían territorios que están bajo la administración de algunos de sus gobiernos. Países como Luxemburgo, mencionados en la lista de paraísos fiscales, expresaron su rechazo ante tal denominación y alegaron que sus sistemas fiscales son "tanto o más transparentes" como los del G-8.
El objetivo es combatir el lavado de dinero y las transacciones financieras ilegales realizadas desde estos países con regímenes tributarios favorables a los residentes y las empresas extranjeras. El citado diario indica que lugares como las islas Caimán o Bahamas se han convertido en paraísos fiscales para numerosas sociedades niponas.
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