Gerente de Hutchison desafía a empresas competidoras

Uno de los pesos pesados de la Hutchison, el gerente general de Hutchison Port Holding, el británico John Meredith, vino a Panamá a formalizar con su presencia el compromiso de la empresa de invertir 200 millones en Balboa y 40 en Cristóbal, en medio de una tormenta de críticas de sus competidores en el negocio portuario.
Ha quedado a la vista que algunas compañías le temen a la competencia de Panama Ports Company (PPC) tras la equiparación fiscal que les ha concedido el Estado. Esta fue la conclusión a la que llegó el alto mando de esta empresa, entre los que se encuentra el gerente general de Hutchison Port Holding, John Meredith.
La primera vez que Meredith estuvo en Panamá fue en la inauguración del puerto de Balboa, pero en esta ocasión le tocó volver al país para ratificar su interés de invertir, aunque ahora lo harán en medio de posiciones adversas a los objetivos trazados por la transnacional.
Esto es así, porque desde que PPC, filial de Hutchison, condicionó su inversión a una serie de cambios fiscales, entre el que se destaca el no pago de canon de arrendamiento al Estado que supera los 20 millones de dólares, lo cual le concedió el Gobierno, la empresa se mantiene en bajo la lupa de la opinión pública.
Sin embargo, la Hutchison se mantiene en su posición de que los beneficios fiscales serán duplicados con beneficios directos a la economía, una vez se haga la expansión del Puerto de Balboa. Meredith recalcó que la ampliación de Balboa generará 1,000 empleos durante el proceso de construcción y 500 cuando arranque la operación portuaria.
Según el ejecutivo, las obras generarán 170 millones de dólares al año. Igualmente, se le pagará al Estado 30 millones de dólares, en el pago de impuestos. Por su parte, el gerente de PPC, Alejandro Kurouklis, recalcó que la ley de 1996 dictada durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares es clara al exigir que los operadores portuarios trabajen con las mismas condiciones fiscales, y esto ya tiene precedentes de incentivos reclamados por Manzanillo International Terminal.
El ministro de Comercio e Industria, Joaquín Jácome enfatiza que su actuación, plasmada en una resolución por orden del Organo Ejecutivo, es legal. En 1996 se aprobó el contrato de desarrollo entre el Estado CCT. A partir de la aprobación de este contrato se promulgó la Ley No 12 de 3 de enero de 1996, que en su artículo 2, se establece que con la promulgación de la presente Ley, todas aquellas empresas en condiciones similares a la presente contratación tendrán derecho a acogerse a los mismos beneficios, incentivos, derechos, exoneraciones y créditos fiscales. Por otro lado, a juicio del abogado Jaime Arias, de la firma Galindo, Arias y López es impugnable la resolución. A su entender, la resolución debió ser discutida en la Asamblea Legislativa, sin embargo, Jácome manifiesta que no fueron a esta instancia porque no se trataba de una renegociación, sino de una equiparación.
En tanto, Ebrahim Asvat, especialista en Derecho Mercantil, argumenta que en la negociación entre el Estado y PPC hay una " jugada". "Cuando PPC participó en la licitación conocían los términos del contrato de Manzanillo, entonces ¿por qué piden cambios ahora?
Por otra parte, Hugo Torrijos, negociador del contrato entre Hutchison y el Estado, esta de acuerdo con la resolución. Torrijos precisa que por orden de Pérez Balladares dispuso buscar a las empresas que quisieran los puertos lo antes posible y "es allí donde el proceso de convierte en una subasta".