El gobierno argentino admite que aumentará las tarifas de servicios públicos como lo reclaman las empresas y el FMI para cerrar un acuerdo a tres años de refinanciación de la deuda, pero en medio de una fuerte polémica desatada en el gobierno, revelaron fuentes gubernamentales a la AFP. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, sostuvo ayer que "lo que está en discusión no es si habrá o no un ajuste de tarifas, sino el criterio que se seguirá para su aplicación".
"Todos sabemos que hay que resolver el tema de las tarifas", dijo Fernández y explicó que "se puede resolver a la vieja usanza que es trasladar el peso de una mayor tarifa al consumidor, o se pueden buscar alternativas", al ser consultado por Radioshow. El tema también fue abordado por el vicepresidente Daniel Scioli, quien aseguró que el Gobierno podría disponer aumentos en octubre.
Durante un coloquio con empresarios en la provincia de Tucumán (norte), Scioli fue consultado sobre la suba de tarifas y respondió que "podrían ser en octubre" al menos "en gas y electricidad". Con respecto a la forma en que se concretarán los ajustes, Scioli dijo que "las tarifas estarán segmentadas" y explicó que no sabía "si habrá una tarifa social. pero es seguro que un jubilado no va a tener el mismo porcentaje de aumento que una gran exportadora".
"Los que ganaron mucho en los últimos años, ahora que pongan un poquito más", consideró el vicepresidente, según registros de la prensa. Ante las declaraciones de Scioli, el portavoz presidencial Miguel Núñez indicó que se trata de una "opinión personal" e indicó que "es un tema que no se ha tratado en el Gobierno".
El tema de las tarifas públicas fue heredada por la gestión de Kirchner ya que las empresas comenzaron a reclamar una actualización poco después de la devaluación del peso en enero de 2002 y de la aprobación de la Ley de Emergencia que prohibió todas las fórmulas de reajuste que se venían aplicando durante la vigencia de la convertibilidad (un peso igual a un dólar).
Durante la gestión de Eduardo Duhalde (2002-2003), el entonces y actual ministro de Economía, Roberto Lavagna, creó una Comisión Renegociadora de los contratos de concesión de los servicios e impulsó ajustes parciales de tarifas.
