El régimen de la asociación público-privado ya existe en Panamá, se estima que a la fecha hay más de cuatro mil millones de dólares en proyectos que se han hecho a través de estos acuerdos.
La iniciativa apunta a disminuir los tiempos de contratación e implementación de los proyectos. Foto: ATP.
Con el fin de agilizar la contratación de obras públicas, la generación de nuevas plazas de empleo y la reactivación de la economía nacional, el Gobierno Nacional apuesta por la Asociación Pública Privada (APP).
La iniciativa busca garantizar una mayor calidad de las obras, disminuye los tiempos de contratación y apunta a reactivar la economía y generar nuevos empleos.
El régimen de la asociación público-privado ya existe en Panamá, se estima que a la fecha hay más de cuatro mil millones de dólares en proyectos que se han hecho a través de estos acuerdos, pero requieren de un contrato ley independiente, acotó el ministro de Obras Públicas, Rafafael Sabonge.
Actualmente Panamá ocupa el lugar 14 de 21 países en la región que tienen el sistema de asociación público-privada y la nueva legislación busca convertir al país es un atractivo para la inversión extranjera que genere fuentes de empleo.
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El proyecto de ley, mediante el cual se crea el marco legal para la asociación pública-privada está pendiente del debate en la Asamblea Nacional, tras la presentación por el ministro del MOP Sabonge.
La APP establece mecanismos para la selección responsable de forma transparente y objetiva de los contratistas. El proyecto excluye de la aplicación del nuevo sistema las obras de salud, educación, Autoridad del Canal de Panamá y seguridad.
El ministro Sabonge insiste en que este método en ningún momento contempla la privatización de las obras que se construyan por el Estado.
La iniciativa apunta a disminuir los tiempos de contratación e implementación de los proyectos que se construyan bajo este modelo y que garantizar una mayor calidad de los servicios públicos.
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De igual manera se crean mecanismo para la fiscalización del desarrollo de los proyectos y los niveles de los servicios.
También se contempla que la ley será de aplicación al Gobierno Central, las entidades públicas del Sector Público no Financiero (SPNF), las entidades autónomas y semi autónomas, los municipios, las juntas comunales y las sociedades anónimas en las que el Estado sea propietario del 51% o más de sus acciones o patrimonio.
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