La reforma fiscal que debe presentar hoy ante la Asamblea Nacional el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, pretende revertir la morosidad por $1,100 millones que carga el Estado gravando a sectores exonerados, ricos y persiguiendo a los evasores.
“Ocho empresas que el año pasado distribuyeron a sus accionistas más de $175 millones en dividendos pagaron sólo dos millones en impuesto de dividendos, cuando debieron de pagar $17.5 millones”, argumentó el viceministro de Finanzas de Panamá, Dulcidio De La Guardia.
El funcionario contestó parcialmente un cuestionario al Panamá Américasobre las implicaciones de la reforma.
Las enmiendas fiscales que proponga hoy Vallarino entrarán en vigor “inmediatamente” después que sean aprobadas y publicadas en la Gaceta Oficial, explicó.
La iniciativa del Ejecutivo aumenta impuestos a varios productos, como cigarrillos, extiende el pago del aviso de operación y lo aumenta hasta $60,000 a los negocios en la Zona Libre de Colón, y el resto de zonas francas del país, grava con el ITBMS las comisiones que cobran los intermediarios financieros, bancarios y corretaje de seguros, reaseguros, bienes muebles e inmueble y la telefonía fija comercial, además de aumentar la participación del Estado en las ganancias netas de salas de juego (a 25%) y en los casinos (al 18%), además de aumentar a un millón de dólares el pago por el derecho de llave.
También refuerza los poderes de la Dirección General de Ingresos (DGI) para perseguir la evasión y recuperar la morosidad, entrenado a sus auditores y contratando empresas especializadas en este aspecto “como se hace en otros países”, argumentó De la Guardia.
“Los ajustes fiscales que el Gobierno de Ricardo Martinelli pretende presentar a la Asamblea esta semana están dirigidos a aquellos sectores exonerados que no están pagando impuestos o tienen impuestos bajos”, enfatizó.
Según el gobierno, “Panamá tiene una de las recaudaciones tributarias más bajas de América Latina, cerca del 10% del PIB”.
De La Guardia agregó que “es por eso que el gobierno central tiene un déficit fiscal crónico y esto explica el aumento de la deuda pública. Hemos estado pagando programas sociales, como la Red de oportunidades (creada por la anterior administración de Martín Torrijos), con deuda y esto no es sostenible en el tiempo”.
De acuerdo con el viceministro, para poder pagar en 20 años la deuda pública -que bordea los $11,000 millones- “el Gobierno Central tiene que generar superávits de $500 millones al año y esto sin hacer obras de infraestructura que tanto necesita el país.”
“No es posible que los sectores más pujantes de nuestra económica estén exonerados de impuestos y no contribuyan con los gastos sociales, de seguridad y las obras de infraestructura que necesita Panamá. Si queremos vivir en un país del primer mundo, tenemos que aportar todos a cubrir estos gastos.”, sentenció.
Cuestionado sobre las consecuencias que puede generar esta enmienda, advertida por líderes empresariales, De La Guardia fue escueto al contestar que “no esperamos un retiro de inversionistas por estas reformas”.
Y aunque en la exposición de motivos se afirma que se incrementará los impuestos a cervezas y vinos, el viceministro prácticamente lo descartó porque los licores ya pagan dos impuestos.
Sostiene, por otro lado, que actualmente la DGI tiene sólo 9 auditores, cuando en el anterior gobierno se proclamaba que tras la anterior reformafiscal se habían contratado varias decenas, pero no explica si fueron despedidos por su administración, o antes.
