El rechazo popular a la anunciada alza de un 14% en el costo de la energía eléctrica es palpable en todos los sectores del país, incluyendo a los trabajadores, empresarios y hasta el propio órgano Ejecutivo.
Las protestas por esta decisión de las empresas distribuidoras, que ha sido avalada por el Ente Regulador, no se han hecho esperar y se traducen en piqueteos que provocan tranques gigantescos.
Entre los que se oponen a esta medida se encuentra el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), Guillermo Puga, quien sostiene que si las compañías que compraron el IRHE sienten que están perdiendo dinero y que no tienen la capacidad de enfrentar los problemas que se dan en el mercado internacional, es necesario que el Estado tome las riendas y revise los contratos de concesión, debido a que éstas no han brindado un servicio eficiente a un bajo precio, que fue la promesa que se vendió durante la privatización.
Explicó que cuando se pretendía privatizar el IRHE a "capa y espada", los propulsores de esta idea no escatimaron en señalar las bondades que recibiría la población con este proceso y afirmaban, entre otras cosas, que no habría más apagones y que el costo de la energía sería mucho más favorable para la población.
Sin embargo, Puga sostiene que hoy día se ha visto lo contrario y las nuevas empresas eléctricas ofrecen un servicio poco o nada eficiente, donde se dan más apagones que cuando el Estado se encargaba de este servicio y "hoy por hoy es una realidad que todos los panameños pagan más en concepto de electricidad".
Según el sindicalista, ya es hora de que "la presidenta Mireya Moscoso haga una revisión de los contratos, porque el Estado representa el 45% de las acciones en este negocio, que no le es nada favorable al pueblo".
Agregó que no es justo que a pesar de los constantes apagones que se dan a diario tengan que ser asumidos por el consumidor, "ya que las facturas le siguen llegando igual como si nada hubiera pasado".
Igualmente indicó que no es posible que estas empresas cuando tienen problemas de robo de energía, en lugar de encontrar una solución, sencillamente le traduzcan este cargo a los clientes que sí pagan su cuenta al día.
De acuerdo con Puga, el Gobierno tiene una gran responsabilidad social en estos momentos, dado que si se produce el aumento de la energía automáticamente se producirá un incremento en el costo de la vida, lo que no podrá soportar el pueblo panameño.
