Gobierno financiará obras sociales con capital privado

El Gobierno ha abierto las puertas al capital privado para que financie un 20% de los 114,129 millones de euros de su macroplan de infraestructuras con el objetivo de mantener a salvo el déficit cero. La nueva Ley de Concesiones, aprobada ayer, no incluye el paquete de incentivos fiscales que reclamaba el sector. A cambio, otorga a las compañías una serie de pagos en especie, como permitir a las concesionarias de autopistas explotar, por ejemplo, las áreas de servicio anexas, aunque les obligará a bajar el peaje si su tráfico o beneficios superan el nivel previsto.
El ambicioso plan de infraestructuras que el Ministerio de Fomento ha puesto en marcha con el objetivo de renovar y ampliar la red de carreteras y desplegar la alta velocidad ferroviaria necesita capital privado. Los fondos públicos, tanto estatales como comunitarios, sólo aseguran cerca del 80% de la financiación. La misión de la Ley de Concesiones, inspirada en el equilibrio presupuestario, consiste en atraer a los inversores privados para que aporten el resto a través de un mecanismo mixto de financiación que incluye aportaciones dinerarias y no dinerarias (responsabilizarse de la construcción del tramo concreto de una autovía) y ciertas contraprestaciones.
Las principales novedades de la nueva normativa, cuyo anteproyecto fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros, son las siguientes:
Se trata de un pago en especie que permitirá a una empresa privada financiar la construcción de una autopista, el terminal de un aeropuerto o una estación de ferrocarril a cambio de la cesión de terrenos que le permitan la explotación comercial de un aparcamiento, una estación de servicio, zonas de ocio y hasta un hotel. Si lo prefiere, la concesionaria podrá ceder el negocio a un tercero. El texto incluye un denominado principio de "equilibrio económico-financiero". Si el tráfico de una autopista es superior al previsto cuando se adjudicó la concesión o sus beneficios son mejores de lo esperado, la compañía deberá ajustar el peaje, es decir, abaratarlo, para compensar el desfase. Pero si, por cualquier circunstancia, las sociedades que explotan autopistas en régimen de peaje no obtuvieran la suficiente amortización de su inversión, podrán seguir exigiendo compensaciones a la Administración.