El ministro de Finanzas de Filipinas, José Pardo, declaró ayer, que un pronto final del proceso judicial por corrupción que se sigue contra el presidente, Joseph Estrada, no significará una rápida recuperación de la economía.
"No debemos creer que todo mejorará de manera espectacular y que Filipinas se convertirá en el país de las maravillas", dijo el ministro a una emisora local, al subrayar que hay un enorme déficit presupuestario y que la recaudación tributaria ha disminuido.
Estrada se enfrenta a un juicio en el Senado que comenzó el 7 de diciembre y en el que se está viendo el segundo delito de los cuatro que se le imputan: corrupción, recibir sobornos, violar la Constitución y defraudar la confianza del pueblo, por lo que es difícil saber cuándo concluirá el proceso.
Pardo también expresó su preocupación sobre un informe procedente de Estados Unidos, realizado por diversos analistas, en el que considera que Filipinas está registrando un cambio "con elementos que amenazan a todo el mundo".
El ministro aseguró que Filipinas no es la única nación que tiene dificultades y señaló que el Gobierno se concentrará este año en la producción de alimentos, proyectos de infraestructuras y en el sector de tecnología informática.
El alto funcionario indicó que si Estrada es declarado inocente por el Senado, constituido en tribunal, el Gobierno se prepara para comenzar de nuevo.
Según el ministro, Estrada está "seguro de que sobrevivirá a esta crisis" y que un nuevo Ejecutivo tendrá que plantearse los problemas del enorme déficit presupuestario, la baja recaudación tributaria y la debilitada economía global.
La crisis política provocada por las acusaciones lanzadas contra el mandatario ha sacudido la economía del país y ha provocado caídas históricas en la cotización del peso filipino frente al dólar, además de la reducción de la capitalización en el mercado bursátil.
La Federación de Industrias Filipinas informó ayer, por su parte de que los mayores costes de las empresas y la caída del consumo, a causa de la crisis política, empiezan a afectar al sector privado, que estudia la implantación de una semana laboral de sólo cuatro jornadas.
Esta Federación pronosticó que unas 100.000 personas perderán sus puestos de trabajo durante los tres próximos meses.
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