Mientras una demanda de arbitraje por US$ 89.5 millones cuelga como una espada de "Damocles" sobre el Estado panameño, el ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, reveló que el gobierno aspira a flexibilizar algunos aspectos del contrato con Refinería Panamá, S.A., especialmente en lo relativo a la fórmula de cálculo del precio de paridad, que a su juicio, podría lograr rebajar el precio del combustible.
El contrato ley del 31 de diciembre de 1992 establece que el precio de paridad se obtiene sumando el costo del petróleo en el Caribe, más los gastos de manejo, que incluyen flete, seguro marítimo, almacenamiento y cartas de crédito.
El ministro Jácome señala que el precio del petróleo en el área del Caribe es el más alto, e incluso es dos dólares más caro que el "West Coast" de Estados Unidos", por lo que una solución podría ser que se establezca como base el precio más bajo del mercado internacional.
El titular de Comercio señaló que el contrato con Refinería es "una camisa de fuerza" por ser ley de la República de obligatorio cumplimiento, en aras de la seguridad jurídica de las empresas que han invertido en el país, por lo que aseguró que "no se modificarán las reglas del juego de manera arbitraria.
Sin embargo, Jácome expresó que bajo ningún punto de vista el Estado puede aceptar pagar un arbitraje de 89.5 millones, que es la pugna comercial más grande que ha existido, por lo que se está buscando una solución integral y amistosa, tanto para el arbitraje como para la revisión del contrato.
La Ley 7 de 1998, por la cual se dividió el antiguo Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) ,permite a las empresas generadoras de energía importar combustible sin la tarifa de protección que se establece en el contrato con Refinería, firmado en 1992.
La cláusula vigésimo segunda del Contrato Ley No. 31 estipula que Refinería Panamá gozará de una tarifa de protección, que inicialmente se fijó en 20% del precio CIF (costo, seguro y flete), con una reducción de anual 1%, hasta llegar a un mínimo de 5%. Esto significa que cualquier importador de combustible, excepto Refinería, tendrá que pagar dicha tarifa adicional, que actualmente es de 13% sobre el costo del petróleo.
Por otro lado, Salvador Sánchez, presidente de la Junta Directiva de Refinería Panamá, señaló que no tiene ningún inconveniente en que el Estado revise el contrato, pero aclaró que los precios de TEXACO dependen enteramente de los precios internacionales del petróleo.
Asegura que TEXACO funciona como un agente "regulador de los precios", ya que el contrato establece un monto máximo de venta, basado en los costos internacionales del crudo, impidiendo que los importadores especulen y controlen los precios a su beneficio.
Señala que el contrato No. 35, aprobado por la Ley 31 de diciembre de 1992, establece los precios máximos de venta a los distribuidores, de acuerdo a la suma de los costos internacionales y los gastos de manejo local.
La relación contractual entre Refinería Panamá y el Estado tiene un término de 20 años, prorrogables por cinco años, y ya han transcurrido ocho años.
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