La revisión de las 110 leyes de exoneración de impuestos y subsidios, que planteó ayer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no reducirá el déficit fiscal que tiene el Estado ni garantizará el cumplimiento de su agenda social, según economistas, consumidores y empresarios.
El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, indicó que la presión fiscal en Panamá es una de las más bajas de América Latina.
Agregó que de acuerdo con cifras oficiales, el fisco apenas recauda el equivalente al 10% del producto interno bruto (PIB), cuando en países de mediano desarrollo es equivalente al 20% y en los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), es del 30%.
Ante esto, el titular del MEF manifestó que Panamá requiere revisar las 110 leyes de exoneración, subsidios y distribución de recursos si pretende cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para la erradicación de la pobreza.
El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Ricardo Sotelo, sostiene que como empresa privada siempre ha estado en contra de cualquier subsidio, pero a favor de los estímulos para el desarrollo de los sectores que están reprimidos.
Señala que Panamá ha firmado tratados de libre comercio con muchos países, por ende, requiere de mayor competitividad en los mercados internacionales, por lo que algunos incentivos incluso no son suficientes.
En tanto, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Julio De La Lastra, aclaró que no están de acuerdo con los subsidios utilizados de manera indiscriminadas con medidas politiqueras.
"Hay que ponerles énfasis a los subsidios porque no generan conciencia al ciudadano del aporte que deben hacer a la sociedad", dijo.
No obstante, De La Lastra afirmó que hay incentivos que pueden ser temporales, en situaciones coyunturales como las que atraviesa la Zona Libre de Colón (ZLC), aunque reconoce que estos también responden a situaciones externas.
Al respecto, De La Guardia afirmó "que en Panamá grupos económicos están pidiendo más exoneraciones sobre las que ya tienen, o sea que quieren privatizar las ganancias y socializar las pérdidas".
Sin embargo, para la presidenta de la Asociación de Consumo Ético de Panamá, Yakarta Ríos, la eliminación de los subsidios no resolverá el déficit presupuestario.
Indicó que cada año, a pesar de la baja recaudación, el Estado continúa proyectando presupuestos más altos para dedicarlos a obras de infraestructura, restando inversión a sectores fundamentales como salud y educación.
Para el economista Juan Jované, las medidas que debe adoptar el Gobierno para cumplir con el gasto social son menos complejas de lo que el ministro plantea.
Sostiene que lo primordial es combatir la evasión de impuestos que, a pesar de haberlo anunciado, aún no ha tenido resultados.
Jované agregó que Panamá es uno de los países que menos impuestos cobra a las personas de más alto ingresos.
El experto concluye que si el Estado quiere hacer algo importante por la población más pobre, sin afectar a los sectores medios, debe hacer equidad tributaria, con impuestos progresivos.
"El Estado utiliza la renta del Canal de Panamá para cubrir la renta que no se les cobra a los ricos", dijo.
De La Guardia señaló que, según una revisión parcial de algunos sectores, el fisco deja de percibir más de $800 millones anuales, producto de exoneraciones.
"Firmamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ahora nos queda pendiente de dónde van a salir los recursos para alcanzarlos, ya que hay muchas necesidades", concluyó.
Datos
$800 millones anuales pierde el Estado en exoneraciones y subsidios, según el MEF.
10% es lo que representa en el PIB la recaudación del fisco, según el ministro Dulcidio De La Guardia.
