La Asociación de Comerciantes del aeropuerto internacional de Tocumen (ACAIT) pidió al gobierno la suspensión inmediata del proceso de privatización del terminal aéreo y solicitó la integración de una comisión mixta para evaluar el modelo de administración que propone la Asociación de Líneas Aéreas de Panamá (ALAP).
Los miembros de ACAIT manifiestan que al implementar la propuesta de las aerolíneas, se protegerían las políticas nacionales de promoción al turismo, además de mantener la libre competencia y garantizar un flujo de inversión, mientras que con la privatización surgirían monopolios comerciales y aumento en los costos de operación.
Sin embargo, el viceministro de Finanzas Norberto Delgado indicó ayer que el proceso de privatización del aeropuerto internacional de Tocumen no se cancelará, ya que se mantiene el proceso de evaluación, debido a que varias empresas retiraron el pliego de cargo y se presentaron al proceso de homologación y, de acuerdo con el funcionario, hasta la fecha hay cerca de siete empresas interesadas en el aeropuerto.
Delgado expresó que PROPIVAT, se encuentra analizando los pliegos de cargos para cuidar los intereses del Estado. Indicó, además, que la mayoría de las empresas interesadas pertenecen al sector privado y son consideradas serias en Alemania, Francia, Canadá, Estados Unidos y otros países, contándose asimismo con un consorcio panameño participando.
Delgado señaló que en las próximas semanas se podría estar tomando una decisión sobre las propuestas presentadas y determinar lo que realmente le conviene al país.
Mientras tanto ,quienes operan los almacenes ubicados en la pequeña zona libre del terminal aéreo, aportan a la Dirección de Aeronáutica Civil (DAC) más de dos millones de dólares en concepto de alquileres, sin contar las inversiones de mejoras físicas que han financiado según recalcaron en la conferencia de prensa efectuada ayer en un hotel de la localidad.
Con la privatización del aeropuerto, probablemente se tendrá que cancelar la concesión de todos los operarios, lo que conllevaría el despido de más de 500 empleados panameños que laboran en estas empresas, advirtió el fiscal de ACAIT, Fernando Arias.
Arias explicó que los comerciantes operan en el terminal por medio de una concesión otorgada a un plazo de 16 años, período del cual sólo ha transcurrido la mitad del tiempo, por lo que se prevé una serie de problemas de índole legal, laborales y fuga de divisas, si se desconocieran los derechos contractuales pactados con el gobierno.
La junta directiva de ACAIT señala que el pliego de cargos para la privatización del aeropuerto esta plagado de lagunas y defectos que desmejoran los ingresos que la DAC recibe para cubrir los gastos operativos.
Mencionan en este sentido, que el canon de arrendamiento anual de 8 millones de dólares, más el 5% de ingresos brutos, representará pérdidas por 5 millones de dólares por año, dinero que en la actualidad aportan a las arcas del gobierno.
Arias manifestó que la ADAC estará obligada a proporcionar sin costo adicional el equipamiento e instalación que demande el plan maestro para las infraestructura de Los Servicios de Navegación Aérea, sin excluir que no se establece la obligatoriedad de inversiones específicas.
Los concesionarios agregan que de las siete empresas precalificadas para la licitación del aeropuerto, sólo una de ellas es de capital nacional, por lo tanto, las ganancias que perciban estas compañías , calculado en 14 millones de dólares, seguramente será transferidas a sus oficinas centrales en otros países.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
