Golpe tributario a salarios y pensiones en Colombia

El gobierno de Alvaro Uribe entregó al Congreso colombiano un paquete de nuevos impuestos y reformas económicas para conseguir recursos cercanos a los 7,660 millones de dólares entre 2004 y 2010, como respuesta al fracaso del referendo que buscaba mejorar las deprimidas finanzas públicas.
La cifra que aspira a recaudar el gobierno representa 7.8% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, indicaron fuentes oficiales. La medida afectará a todos los sectores incluidas empresas, personas naturales asalariadas, cooperativas y pensionados.
El proyecto grava por primera vez los ingresos por pensiones de jubilación, invalidez, vejez y muerte, a partir de cinco salarios mínimos, es decir 1.6 millones de pesos (unos 578 dólares) con una tarifa gradual del 20% al 35%.
Igualmente, el gobierno propuso al Congreso unificar del 16% al 17% el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se cobra actualmente al calzado, vestuario, muebles, comidas en restaurantes.
También subirá del 7% al 17% el gravamen a productos como chocolate, pastas, café, avena y trigo, atunes, sardinas, embutidos, servicios de aseo, vigilancia, medicina prepagada, clubes y gimnasios.
De otra parte, se contempla reducir del 25% al 20% el monto del ingreso laboral que estará exento del pago de retención en la fuente, mientras que los pequeños y medianos comerciantes que tengan ingresos superiores a 50 millones de pesos (17,400 dólares) o patrimonio superior a 80 millones de pesos (28,000 dólares), pasarán al régimen que los obliga a declarar renta y cumplir con todas las obligaciones tributarias. En el proyecto se propone, asimismo, bajar de 150 a 80 millones de pesos anuales (de 52,000 a 28,000 dólares) el patrimonio bruto a partir del cual una persona natural debe declarar renta.
Finalmente, el gobierno mantuvo en 10% una sobretasa al impuesto sobre la renta, con lo que ese gravamen llega al 38.5%. En otras medidas del proyecto, el gobierno planteó recortes por 1.2 billones de pesos (405 millones de dólares) en gastos de inversión y en el presupuesto de las empresas industriales y comerciales del Estado.