Ningún gremio se conformará con el veto parcial del proyecto de ley de contrataciones públicas si no incluye artículos que cumplan con los objetivos para la cual fue creada, advirtió el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Iván De Icaza.
De Icaza lamentó que, a pesar de las recomendaciones de todos los gremios, el Órgano Ejecutivo dejara escapar la oportunidad de obtener un instrumento que además de tranquilidad diera transparencia real.
Para Capac, uno de los aspectos que lesiona la transparencia y no fue considerado en el proceso de sección es la liberalidad que tienen las entidades contratantes para establecer los pliegos de cargos, los criterios de ponderación y la evaluación de las propuestas.
"Nosotros hicimos las gestiones iniciales desde el año pasado, haciéndole llegar a la Presidencia nuestras recomendaciones, se nos llegó a consultar, sin embargo, sentimos que los temas medulares no han sido tomados en cuenta", dijo De Ycaza.
El pasado 17 de junio, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, vetó parcialmente por inconvenientes, ocho artículos del proyecto de ley 305, que reforma la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública y dicta otras disposiciones.
No obstante, para el economista Juan Jované, el hecho de que el Gobierno siga contratando con un instrumento que cuestionó por inconveniente dista de su concepto de transparencia.
Sostiene, incluso, en el caso del artículo 50, que busca establecer un procedimiento especial de contratación de hasta por $500 mil en caso de urgencia o desabastecimiento de medicamento, se presta para actos de corrupción.
La nueva ley con todo el veto tampoco responde a la exigencia de transparencia que tiene la sociedad, sostiene Jované.
Otros como el empresario Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), también consideran que hay rubros que no quedaron muy claros en el proyecto de ley, como es el caso de la participación de empresas que hayan sido condenadas.
No obstante, sostiene que estos y otros puntos podrían ser subsanados en el proyecto de ley anticorrupción, que incluye la prevención de la corrupción en la contratación pública.
Con esto coincide Carlos Lee, de Alianza Ciudadana, quien también agregó la necesidad de que los precios de las licitaciones sean de acceso público para evitar algún tipo de tráfico de influencia.
Según Lee, el hecho de que el presidente insistiera en la creación de una ley anticorrupción responde al hecho de que la ley de contrataciones no responde a la demanda de todos los sectores.
En tanto, de acuerdo con Jované, no tiene ningún sentido dividir el instrumento en una ley de compra y otra de transparencia.
A pesar de los cuestionamientos, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, defendió la decisión del mandatario.
Según De La Guardia, artículos como el número 24, que establece tiempos de avisos de convocatoria, violaban acuerdos de libre comercio firmados por Panamá.
De La Guardia señaló que el proyecto de ley fue devuelto a segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional para hacerle los ajustes necesarios.
Por su parte, la Cámara de Comercio, Industria y la Agricultura de Panamá (CCIAP) adelanta algunas recomendaciones para el debate de los artículos vetados por el presidente, indicó el presidente del gremio, Jorge García Icaza.
