Un acercamiento con gremios empresariales y ambientalistas sostuvo ayer el ministro para Asuntos del Canal, Rómulo Roux, para divulgar los avances de lo que será el Proceso de Transformación del Agua y Saneamiento.
Santiago Barroso, director de la Comisión de Agua de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, detalló que los avances para lo que será el plan de modernización del agua van a buen ritmo, y que las consultas que se están realizando son para que la nueva ley que regulará el agua sea abiertamente consultada y por ende de beneficio para todos.
En lo que respecta a si se han dado algunas recomendaciones por parte de la Cámara de Comercio, Barroso explicó que “se ha planteado el hecho de que el agua es un alimento de consumo diario”, por lo que su procesamiento y distribución deben recibir un adecuado tratamiento.
En el caso de las plantas de tratamiento sugieren que deben ser auditadas por un laboratorio externo.
El ministro Roux detalló que las reuniones de acercamientos con los diversos sectores son para recibir recomendaciones y así hacer un trabajo coordinado .
Roux manifestó que continuarán con las reuniones de divulgación durante el mes de agosto, para que el proyecto de ley esté listo lo más pronto posible y sea elevado ante el Ejecutivo.
Trabajadores.
En el caso de la situación laboral de los actuales empleados del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Roux reiteró que estos siguen participando de las reuniones y revisando artículo por artículo, pues lo que se desea es proporcionarles la estabilidad laboral y llegar a ofrecerles mejores salarios de los que tienen.
Con respecto a la morosidad que tienen los usuarios del servicio con la entidad, el ministro de Asuntos del Canal manifestó que con la Autoridad del Agua se contará con los mecanismos para realizar los cobros, pues hay muchas irregularidades en la actualidad, como por ejemplo que las personas no cuentan con medidores o están conectadas de forma ilegal.
La nueva Autoridad del Agua y Saneamiento será una entidad 100% estatal, provista de fondos necesarios y con una estructura organizada, según informes oficiales.
