El Grupo Figali plantea sus argumentos: “El Estado no ha dejado de informar a la prensa de supuestos incumplimientos, haciéndonos una mala publicidad. Nos ha quitado la parcela 6 por supuestos incumplimientos imputables a su propia negligencia, al no suministrar a tiempo la información de la existencia de cables de fibra óptica en el área de los rellenos en Amador.
Además, no ha dejado de facturarnos todos los meses el cobro del alquiler, sin reconocer la igualdad de condiciones solicitada y bajo desacato de la orden de suspensión de cobro de la Corte, se niega a otorgarnos la igualdad de condiciones a que tenemos derecho según las cláusulas 27 y 28 de los contratos. También crea la “ficción” de que debemos una cantidad de dinero que realmente está 400% más elevada de lo que pagan los demás arrendatarios de Amador. Tampoco ha aprobado los planos sometidos, dejando vencer los períodos de gracia e impidiendo el avance del proyecto, pero sigue cobrando la porción de tierra sobre la que no puede construirse y está ocupada por la servidumbre o vicio oculto descubierto en los cables de fibra óptica, todo lo que ha causado graves daños y perjuicios.
