El gobierno de Guatemala dijo que decidió dar marcha atrás en el caso que mantenía contra la privatización en 1998 de la telefónica Telgua, cuya mayoría esta en manos del gigante mexicano Teléfonos de México (Telmex) .
“Los abogados mandatarios del Estado de Guatemala (...) desistirán totalmente de dichos procesos y de cualquier otra acción judicial relacionado con los mismos”, dijo el gobierno en su su periódico oficial Diario de Centroamérica.
En un acuerdo plagado de acusaciones de irregularidades, el gobierno del ex presidente de Guatemala, Alvaro Arzú, vendió Telgua en unos 700 millones de dólares a Luca SA, un consorcio de inversionistas centroamericanos que después vendió 79 por ciento de las acciones a Telmex.
El actual presidente, Alfonso Portillo, declaró la venta en junio de 2000 “en contra de los intereses del estado”, en busca de una demanda compensatoria o incluso para revertir la venta.
Para algunos críticos, la medida ahuyentó la posibilidad de inversiones extranjeras en el necesitado país centroamericano.
El diario del gobierno detalló que habían decidido dar marcha atrás en su demanda legal, a cambio de que Telgua realice una mayor inversión en la infraestructura de telecomunicaciones.
El portavoz de la presidencia, Jorge Pérez, dijo en una conferencia de prensa que la inversión podría incluir la ampliación de líneas telefónicas hacia oficinas municipales incomunicadas en áreas rurales y en centros de salud.
“Estamos muy felices con la negociación que hemos alcanzado”, dijo Pérez a periodistas.
“El gobierno ha tomado una decisión y la ha hecho pública. Aún no tenemos un comentario oficial”, dijo por su parte la portavoz de Telgua, Litza de Escobar.
La promesa de investigar las condiciones de venta de Telgua ayudó a Portillo a ganar las elecciones presidenciales en diciembre de 1999, que lo llevaron al poder un mes después.
Una corte administrativa ha revisado el proceso de privatización, enfocándose en el manejo que tenía la administración anterior, encabezada por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), al que pertenece Arzu.
El gobierno de Portillo argumenta que su predecesor anunció la subasta final de 1998, con solo dos días de anticipación, haciendo imposible a otras empresas extranjeras presentar sus ofertas a tiempo, a pesar de que habían mostrado interés.
También protesta que la administración del PAN incluso alteró las leyes de compra a través del Congreso en beneficio de Luca, que reconoció que no tenía el capital suficiente o experiencia en telecomunicaciones para administrar a la compañía.
