El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) enfrenta actualmente un problema financiero en inversión por el monto de B/.20 a 25 millones anuales, afirmó el encargado del proceso de privatización de la institución, Rafael Mezquita.
Añadió que solamente el IDAAN cuenta con un estado financiero de B/.3 a 5 millones anuales, ingresos que no le alcanzan para realizar inversiones prioritarias como es el caso de las innovaciones de los alcantarillados en el país y la construcción de nuevas líneas en el sector este de Panamá.
Según el funcionario, la institución tiene que efectuar inversiones millonarias y en estos momentos no cuentan con esos recursos para poder ejecutarlas, ya que con el actual financiamiento solo se pueden cubrir las inversiones menos importantes, cuyos costos están entre B/.3 millones, dejando a un lado lo fundamental, como lo son los alcantarillados.
Además de la incapacidad financiera de la institución de recaudar el recurso necesario o convencer al Estado para que le proporcione B/.20 millones para tal fin, también cuenta con la ineficiencia propia de una institución pública que debe ser corregida", puntualizó Mezquita.
Agregó que esta institución atraviesa por dos problemas: la necesidad del financiamiento y la forma administrativa, y para poder continuar con la institución se tendrá que hacerle llegar más recursos y modificar su estructura jurídica.
En cuanto a la etapa en que se encuentra el proceso de concesión administrativa, Mezquita destacó que la etapa de homologación con las empresas precalificadas se encuentra suspendido hasta que exista una decisión por parte del actual gobierno de responderle a las empresas el cuestionario que enviaron sobre si se continuará con el proceso o no.
Añadió que esta suspensión del proceso dependerá del presidente o la presidenta electa en mayo, quien decidirá si desea que se continúe con el proceso o no, como sucedió con la concesión de Estí.
Mezquita expresó que en 1994 Ernesto Pérez Balladares ganó las elecciones y él decidió que no estaba de acuerdo con el proceso de privatización de Estí, lo que obligó al gobierno del presidente Endara a suspender el proceso y dejarlo para que lo determinara la administración entrante.
