Uno de sus miembros, Asifahmad Daood Gajia, dijo que al ser incluidos en dicha ley, se evitará el cierre masivo de comercios dedicados a la autoventa, ya que algunos negocios dependen en un 100% de las importaciones de autos.
Además, el Estado no dejará de recibir ingresos en concepto de placas, impuestos aduaneros, revisado vehicular, entre otros.
Calificó de necesaria la modificación de la Ley 29 y la capacitación de los funcionarios de la CLICAC, ya que la falta de capacitación crea cierto grado de desconfianza y una carencia de soluciones hacia el público consumidor.
"Si tanto se quejan de las garantías en la venta de autos usados, también deben hacer una ley que regule los electrodomésticos y las inmobiliarias. El 70% de las quejas de los consumidores provienen de compras relacionadas con estos productos", expresó Daood Gajia.
El empresario también se mostró preocupado por el poco interés registrado en el proyecto de Ley 131 que regula la comercialización de autos usados en Panamá. A su juicio, la ley no permite el libre comercio automotriz y sólo beneficia a los comerciantes que se dedican a vender autos nuevos. La Ley 131 sólo permite vender autos de 3 años de antigüedad, donde los precios sobrepasan los 4 mil dólares. Los precios estimados para autos de 3 años de antigüedad llegan al rango de 7 a 9 mil dólares.
En el 2005, la Asociación de Importadores de Autos Usados de Panamá importó cerca de 5 mil vehículos usados y para el año 2006 visualizan incrementar la cifra a 7 mil autos.
Un 90% de los autos que están siendo importados a suelo panameño son de marcas japonesas, pero de fabricación estadounidense.
