Panamá puede estar sujeta a una demanda de parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), si no deroga el Decreto Ejecutivo 49, por el cual se establecen procedimientos, requisitos y tarifas para la elegibilidad zoosanitaria de regiones y países exportadores de productos y subproductos de origen animal, ya que se podría afectar las importaciones lo que también va en contra de los acuerdos pactados a través de la Ley 23 con este organismo internacional.
"El problema con el Decreto Ejecutivo 49, es que incrementa la discrecionalidad de los funcionarios públicos difícil de pronosticar, generando una incertidumbre en el proceso de las importación de rubros cárnicos", explicó Carlos Ernesto González Ramírez, el presidente electo de la Asociación Panameña de Ejecutivo de Empresas (APEDE).
El artículo sexto del decreto señala de que, posterior al análisis del formulario de evaluación de los servicios veterinarios y en el evento que se amerite, el proceso de evaluación o inspección deberá contar con la anuencia de las autoridades correspondientes de la zona, país o región que pretenda ser aprobado como elegible para exportar productos con destino a Panamá.
A juicio del también ex negociador de Panamá ante la OMC, el decreto ejecutivo 49, que lleva la firma de la presidenta de la República Mireya Moscoso y el ministro de Desarrollo Agropecuario Pedro Gordón, podría ser demandado, de acuerdo a las aplicaciones que del mismo, le den las autoridades agropecuarias panameñas.
"El hecho de que no exista una información clara de la aplicación del Decreto Ejecuto 49, se viola los acuerdo pactados con la Organización Mundial del Comercio", manifestó el presidente electo de APEDE.
González Ramírez dijo a
