La intervención de la empresa italiana Parmalat por orden judicial en Nicaragua desató incertidumbre en medios políticos y en el sector lechero, que teme graves repercusiones en su producción.
La acción judicial, que cedió el control de la empresa al ex banquero Haroldo Montealegre luego que el gerente italiano de la compañía se fue de Nicaragua, movilizó al gobierno, gremios empresariales y sociedad civil para revertir la situación.
"No sé cual será la respuesta porque son mecanismos jurídicos (...), hasta dónde se va a afectar la economía del país... no sabemos qué inestabilidad puede generar esto", comentó el ministro de Agricultura y Forestal (Mag-For) Augusto Navarro.
Productores de leche paralizaron en algunos sectores la entrega del producto a Parmalat, por temor a que no les pague debido a la inestabilidad de la empresa, dijo el dirigente gremial Ariel Cajina.
La juez civil, Ligia Rivas, ordenó recientemente la intervención de la filial de Parmalat en Nicaragua, para garantizar el pago de una deuda de 5.8 millones de dólares a Montealegre.
El adeudo de Parmalat con Montealegre fue establecido en junio tras un conflicto legal de éste con el Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro), por una supuesta deuda originada en un préstamo de la entidad bancaria a la empresa italiana.
Montealegre fue favorecido con una sentencia judicial de la misma jueza Rivas, que le acreditó el 49% de las acciones de Parmalat que servían de garantía del préstamo de Bancentro. "Lo que se está planteando ahí es que este hecho, de una u otra forma, sienta un precedente jurídico muy delicado", porque se afecta a una tercera parte (Parmalat) que no estaba involucrada en ese conflicto, manifestó el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Serrano. "Es decir, mañana cualquier persona o entidad que está fuera de un procedimiento (juicio) puede ser golpeada por una decisión de esta naturaleza", manifestó Serrano.
Tras el fallo judicial el gabinete de Gobierno se reunió el jueves de urgencia con el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) para analizar lo ocurrido, pero no hubo una decisión sobre las acciones a seguir.
El Consejo Nacional de Planificación Económica Social (Conpes) llamó el viernes al presidente Enrique Bolaños a impulsar con energía una reforma del poder judicial al que criticaron de ejercer una "dictadura" con sus fallos y decisiones "arbitrarias".
