Las comunidades indígenas del sureste de Nicaragua acudirán a la justicia internacional, si es necesario, para que el Gobierno cumpla con informarles y consultarles sobre la construcción de un canal interoceánico en la Región Autónoma Atlántico Sur (Raas), dijo ayer un representante de esos pueblos originarios.
“Estamos viendo que el Gobierno no está interesado en cumplir con las leyes nacionales e internacionales que protegen a los indígenas, (pero) vamos a estar haciendo incidencia a nivel nacional e internacional, porque demandamos que se respeten los derechos de los indígenas en cuanto a la consulta”, dijo a Acan-Efe Beeky McCrace, coordinadora de Justicia Comunitaria del Gobierno territorial Tama y Kriol, ubicado en la Raas.
El 1 de julio pasado las autoridades de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Raas interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Gran Canal, por considerar que “pone en peligro” su existencia en su “propio territorio”.
Hasta ahora los indígenas no han obtenido respuesta, según McCrace.
La información brindada por el Gobierno de Nicaragua indica que el canal que unirá los océanos Atlántico y Pacífico atravesará la Rass, independientemente de la ruta que decida tomar la empresa HKND Group, concesionaria del proyecto.
“Tenemos planeado seguir en la lucha, (el reclamo) no es sobre decir sí o no al canal, lo que estamos exigiendo al gobierno de Daniel Ortega es que se hagan las cosas como dice la ley”, insistió McCrace, en referencia a la Constitución Política de Nicaragua y a la legislación previa a la ley del Gran Canal.
La representante de la Justicia indígena comentó que hay incertidumbre en las comunidades indígenas sobre cuáles espacios ocupará el canal, quiénes van a ser afectados de forma directa, además de los impactos ambientales y socioculturales.
“No nos han informado ni consultado nada, lo único que sabemos es por los medios de comunicación, todas las rutas (posibles) del canal nos afectan”, aseguró McCrace a Acan-Efe en entrevista.
