El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le reconoce a los pueblos indígenas su derecho ancestral a participar en las decisiones sobre la explotación y el destino económico de los recursos naturales que se encuentran en su territorio comarcal.
Panamá no ha ratificado este convenio.
Votado en Ginebra el 27 de junio de 1989 en la septuagésima sexta reunión del Consejo de Administración de la OIT, reconoce las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven.
En el artículo 2 de la citada convención, los estados miembros, entre ellos Panamá, se comprometen a “asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”.
Esto incluye que los indígenas panameños tienen derecho a que el Estado “asegure a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población”.
También que se promuevan la “plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones”.
Otra ambiciosa meta es que el Estado les ayude “a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida”.
Nada de esto se ha cumplido, por ello desde el pasado 16 de septiembre, apoyados por la infraestructura comunicacional e ideológica de grupos de la izquierda panameña han comenzado una caminata desde Quebrada Guabo, en la comarca Ngöbe Buglé, ampliamente documentada en internet, con el fin de llegar el próximo 12 de octubre a la Plaza Catedral para presentar sus exigencias al gobierno, aprovechando la conmemoración del “Encuentro de dos mundos”, como se le dice ahora a la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas en 1492.
Pliego.
La llamada “Movilización Nacional Indígena, Campesina y Popular” (http://caminatapanama.org) trae un pliego que aseguran no es negociable porque “ya estamos cansados de tanto negocio”.
Demandan la ratificación del Convenio 169 y también de la resolución de la ONU de septiembre de 2007 que reconoce a los pueblos aborígenes su derecho de administrar sus recursos naturales.
Exigen la cancelación de las concesiones mineras y de generación de energía hidroeléctrica, libertad sindical, la delimitación de las comunidades anexas a sus territorios, respeto a los métodos de curación tradicional y el cese del hostigamiento por parte de las autoridades.
La derogación de la Ley 2 del 7 de enero de 2006 que según ellos promueve el acaparamiento de tierras indígenas y comunidades pobres que viven en las áreas insulares y costeras panameñas es otra de sus demandas.
Además, piden la “eliminación del clientelismo político en las instituciones de la comarca Ngäbe Bukle (Ngöbe Buglé) y asignación de mayores fondos para los programas sociales de estas instituciones y la aplicación de la carrera administrativa”.
La eliminación de proyectos paternalistas y la asignación anual de un 25% de los fondos provenientes del Canal de Panamá, que quedará bajo la administración de los organismos de gobierno tradicionales de la comarca; lo que permitiría desarrollar la región en materia económica, agrícola, forestal, educativo, en salud, viviendas, caminos de producción, infraestructuras viales y el fortalecimiento de la autonomía de la comarca Ngäbe Bugle y las comunidades campesinas, es otra de sus ambiciosas peticiones.
De momento, nadie del gobierno tiene previsto reunirse con ellos.
