La industria tequilera mexicana podría sufrir una severa crisis por la reducción en los subsidios aprobada por la Cámara de Diputados, informó el Consejo Regulador del Tequila (CRT) y la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT).
El impacto fiscal contra las empresas tequileras "incluye que casi la mitad de la industria siga sin trabajar", aseguró a la AFP Francisco González, presidente de la CNIT.
Como parte de los presupuestos generales para 2003 que se están negociando en la cámara, se redujo de 6.00 a 4.50 pesos (unos 45 centavos de dólar) el subsidio a la industria tequilera por el consumo de cada kilo de agave azul "Tequilana Weber", materia prima indispensable para fabricar la famosa bebida mexicana.
Actualmente, de 103 empresas tequileras registradas en la CNIT, "menos de 70 están laborando, las demás están paradas y la situación empeorará" consideró el líder de los tequileros.
La medida ocurre en un momento en que si bien el precio del agave registra un tendencia a la baja, tanto los productores de la planta, como los industriales del tequila "aún no están en una situación de éxito como se vivió hace tres o cuatro años", explicó por su parte Ramón González, director del Consejo Regulador del Tequila (CRT).
El CRT anunció que la industria de esta bebida espirituosa había iniciado un proceso de recuperación, al igualar los precios del tequila con los que se registran en Estados Unidos.
Hasta hace seis meses una botella de tequila mexicano tenía un costo promedio en México de 23 dólares, mientras que en EU la misma bebida costaba 18 dólares. "Hoy los precios al consumidor ya se han igualado con los de EU", dijo entonces el director del CRT.
Con la reducción en los subsidios "la incipiente recuperación va a desaparecer, pues los precios al consumidor volverán a subir", dijo Francisco González. La eliminación de subsidios presionará los precios de la bebida al público y por ende, las expectativas de comercialización para el 2003 también deberán modificarse en las industrias del tequila.
Según las cifras difundidas por la entidad laboral internacional, en Latinoamérica hay una déficit de "trabajo decente" que afecta a por lo menos 93 millones de personas, de las que 17 millones están paradas y el resto tiene empleos de baja calidad o sin protección social.