Economista del Centro Nacional de Competitividad
Con frecuencia se insiste en que el crecimiento económico de Panamá debe redundar también en beneficio de los sectores más desposeídos.
Un mecanismo para lograr este objetivo consiste precisamente en incorporar al llamado sector informal a ese proceso de crecimiento. Sin embargo, este objetivo no se logra rápida o espontáneamente sino por el contrario exige una estrategia bien enfocada y sostenida.
En tal sentido el Centro Nacional de Competitividad, por encargo del MEF y el BID, desarrolla una consultoría que se denomina “Programa de Apoyo a la Inclusión Económica del Sector Informal en Panamá”. Este trabajo se hace en consulta permanente con las entidades del Estado y se desarrolla con consultores internacionales que incorporan la experiencia de las mejores prácticas encontradas en otros países.
Parte del objetivo consiste en que las Micros y Pequeñas Empresas (MYPE’s) informales puedan acceder, financiar e incrementar sus capacidades de producción de bienes y servicios a través de la incorporación a la formalidad definiendo un sistema en el cual existan reglas de juego claras y simples.
Entre otros aspectos, el estudio resalta que lo anterior necesita un marco institucional que facilite la transición de las MYPE’s al sistema formal a través de la reducción de los costos de transacción que implica esta formalización. Así mismo se requiere que los procesos de las distintas instituciones estén integrados y se les de una efectiva divulgación a los cambios procedimentales. Igualmente implica diseñar incentivos económicos y tributarios para que los informales perciban beneficios por entrar al sector formal y permanecer en él.
A modo de ejemplo, el estudio determinó que a la fecha existen en Panamá 60 normas que regulan a las empresas, ninguna de las cuales se refieren específicamente a MYPE’s, excepto la Ley de AMPYME (72 de 2009).
Por otra parte, obtener el aviso de operación de una Sociedad Anónima, registrarla como contribuyente ante la DGI y el Municipio, e inscribirla ante la CSS y el Registro Público toma en promedio 15.52 días y representa un costo total de B/.728.70 lo cual puede ser un disuasivo no sólo para las medianas y grandes empresas sino en particular para las micro y pequeñas.
A través de una encuesta representativa, el estudio determinó que un 79.4% de la MYPE´s (no agrícolas) no paga seguridad social, 67% no tiene RUC, 66% no tiene aviso de operación y 60% no está registrado ante el Municipio. Así mismo estableció que sólo el 9 % cumplía con todos los requisitos (seguridad social, RUC, aviso de operación y registro en el Municipio), que el 45% cumplía con algunos de los requisitos, y el 46% no cumplían con requisito alguno.
Otro aspecto fundamental consiste en implantar un programa que promueva la inserción de las MYPE’s a cadenas de valor competitivas, así como fomentar el acceso del pequeño y mediano empresario al sistema financiero para satisfacer sus demandas de financiamiento.
Por último, pero no menos importante, esta estrategia debe enmarcarse en una campaña de educación enfocada hacia la MYPEs que promueva la creación de una cultura financiera y que difunda los beneficios que podrían obtener estas empresas por participar en el sistema formal.
Una estrategia integral de combate a la pobreza incluye desde la focalización de la ayuda a los más pobres mediante mejor salud y educación pública hasta la creación de condiciones para que florezca una economía que garantice una amplia movilidad de los recursos productivos y su adaptabilidad a los constantes cambios del entorno global.
Las sugerencias y recomendaciones que se formulan en este estudio constituyen sin duda pasos en la dirección correcta para incorporar precisamente a un amplio espectro de la población al proceso económico creando un círculo virtuoso en el cual la población se beneficia del crecimiento y el crecimiento a su vez se nutre del talento y la iniciativa de las MYPE’s.
