Están próximas a concluir los resultados de las investigaciones realizadas por las denuncias contra agricultores y funcionarios del MIDA sobre presuntas irregularidades en la confección de listas y pagos a productores de arroz que se beneficiarían con la Ley 24.
Estos resultados obedecen a que, el Contralor General de la República, Alvin Weeden, incorporó a las investigaciones un equipo adicional para que concluyan "lo más pronto".
Esto es resultado de que la Contraloría decidió llevar a cabo una auditoría paralela a la efectuada por el MIDA acerca de supuestas irregularidades en el programa de reconversión agropecuaria. Se afirma extraoficialmente que agricultores que no sembraron arroz en la cosecha de 2000 recibieron compensaciones económicas indebidas en complicidad con funcionarios de Desarrollo y Cría.
El secretario general de la Contraloría General de la República, Rafael Zúñiga, ratificó que "todo funcionario público o productor que haya alterado realmente los propósitos de la ley 24 serán sancionados y enviados la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP), en el menor de los caso y a la Procuraduría General de la Nación".
Zúñiga declaró que la Contraloría está llevando a cabo son los trabajos de campo, para determinar quiénes cumplieron o no con las obligaciones que se establecieron previamente, "porque tanto los productores como los funcionarios conocían previamente que las solicitudes tenían que ser acompañadas conforme a lo que se había sembrado en la pasada zafra".
"Todo productor que haya cometido un acto ilegal tendrá que devolver en su defecto, los fondos a los que no tenía derecho; mientras que los funcionarios (MIDA) que hayan alterado o establecido en los informes datos falsos, tendrán que acogerse a las sanciones que establece el Código Penal", aseguró el secretario general de la Contraloría.
"Una vez terminado el áudito y confeccionado el informe final, será recibido por el contralor, quien determinará sobre la base de los méritos, si se envía a la DRP a las personas que en un momento determinado hayan incurrido a algunas fallas", detalló.
Zúñiga añadió que posteriormente, la Contraloría enviará el informe a la Comisión de Alto Nivel que se instaló para la ejecución de la ley 24. Finalmente, la Contraloría llevará a cabo un finiquito, que establecerá o no el cierre de una cuenta libre de dudas de cuál fue el uso, el destino de los fondos y las posibles lesiones patrimoniales que se hayan presentado en el proceso de pagos a arroceros.
